Ana Belén Tejado presenta un contencioso contra la privatización del agua en Alcázar de San Juan

Según la concejal socialista el acuerdo plenario del 24 de julio por el que el PP y CXA adjudican definitivamente la venta de Aguas a la empresa Aqualia, es nulo de pleno derecho al ser incluido por vía de urgencia sin el apoyo de la mayoría absoluta de los concejales de la Corporación, incumpliendo el artículo 47.3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

"No es una cuestión de interpretación, es numérica. Hacían falta 11 y solo votaron 9. La Ley dice que es nulo, sin más", asegura.

Tejado cree que el asunto de los plazos y de la mayoría absoluta "no es una cuestión menor" sino que está protegiendo el derecho de participación y de representación consagrados como fundamentales la nuestra Constitución. "PP y CxA llevan mas de tres años no respetando los derechos de los ciudadanos ni de los concejales, insultándolos y menospreciándolos. Este es un ejemplo más de todo ello", denuncia.

Un acuerdo clandestino

El equipo de gobierno, en su opinión, tomó el acuerdo "de forma clandestina" y recuerda que el Grupo Municipal Socialista se opuso a la declaración de urgencia, "ya que no fuimos informados hasta el inicio del Pleno y no dispusimos de la documentación del expediente". 

Asegura que tampoco fueron informados los vecinos, colectivos, partidos políticos y plataforma en defensa del agua pública. Algo que lamenta porque "este es un asunto que requiere publicidad, transparencia y no el secretismo con el que lo aprobaron PP y CxA. Estaban malvendiendo el patrimonio y querían ocultarlo".

"La venta de Aguas de Alcázar no era urgente"

"No había ninguna urgencia, perfectamente podían haber esperado dos días y hacerlo bien" recuerda la concejal socialistas porque el asunto llevaba tramitándose más de un año y la empresa funciona con absoluta normalidad. Recuerda que los trabajadores cobran sus sueldos y las empresas contratadas han mantenido sus servicios. 

Además, señala que "ha quedado acreditado que la grave situación económica por la que justificaban su venta era un invento y que las facturas que no quisieron reconocer para simular la quiebra de Aguas, eran correctas, las han tenido que reconocer demostrando que la quiebra era una justificación para malvender la Empresa".

Añade Tejado que  "la amenaza de Ortega y Montealegre con disolver la empresa era un engaño porque no existía quiebra y porque la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local otorga de plazo hasta el 31 de diciembre de 2015 para resolver la situación de las sociedades que no tengan equilibrio económico".

En su opinión, "la venta de Aguas de Alcázar solo era urgente para Ortega y Montealegre para coger cuanto antes el dinero del préstamo y del canon anticipado para tapar los agujeros de su nefasta gestión económica y poder inaugurar unas cuantas obras antes de que termine la legislatura".

Tejado ha recordado que el 24 de octubre finalizaba el plazo para que cualquier ciudadano, colectivo, plataforma o partido político pudiese impugnar el acuerdo del Pleno que ahora recurre. 

Pasado ese plazo sólo ella tenía esa posibilidad porque, como concejal y a título personal, había presentado a principios de septiembre un recurso solicitando la suspensión del acuerdo de adjudicación como medida cautelar. El Tribunal le concedió un plazo para formalizar la demanda, mas allá del 24 de octubre referido, que es el que ha aprovechado, presentando la demanda el pasado 6 de noviembre.

"No podía dejar de hacerlo. Es un compromiso personal, moral y político que adopté con todos los vecinos de Alcázar y con la Plataforma en defensa del Agua Pública, de hacer todo lo que fuera posible y estuviera en mis manos para paralizar la venta y ahora para recuperar la empresa lo antes posible", ha explicado la concejal.

"En cada mesa de contratación me he opuesto a cada decisión que fuese contra los intereses del pueblo, he presentado varios recursos ante el Tribunal Administrativo Central, uno de ellos obligó al PP y CXA a empezar de nuevo el proceso, retrasando el contrato más de un año. Todos con la suficiente argumentación para ser admitidos y resueltos. Este es un paso más en la lucha por la empresa Aguas de Alcázar, por los intereses de nuestros vecinos y por el bien de nuestro pueblo", concluyó.