La ReMC recurrirá la planificación de la TDT del Gobierno por excluir a las televisiones comunitarias

El Gobierno ha excluido a las televisiones comunitarias a pesar de que está obligado por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 a planificar frecuencias para televisión sin ánimo de lucro y de gestión ciudadana en todas las demarcaciones del estado.

"Es sorprendente y de una torpeza enorme que el Gobierno haya excluido a los servicios de comunicación comunitaria de televisión en el Real Decreto 805/2014", subraya la coordinadora general de la ReMC, María Navarro. 

"Hemos acordado en una asamblea extraordinaria tomar todas las medidas necesarias para corregir este ninguneo ilegal del ejecutivo, así como establecer las alianzas que sean necesarias", añade.

El recurso contencioso administrativo se presentará antes de finalizar este mes y para ello se contará con "uno de los bufetes más prestigiosos del país en materia audiovisual", según explica la red en un comunicado. Además, se iniciará una campaña de crowdfunding para financiar los costes de esta medida y las que se van a tomar en el futuro.

Precedentes favorables

Existen precedentes muy favorables a este recurso contencioso administrativo, señala la ReMC, de la que forman parte más de 30 radios  y 3 televisiones comunitarias del Estado Español, además de aglutinar a otros 30 proyectos comunitarios de comunicación como colaboradores (radios, prensa digital, y televisiones), entre ellos la toledana Onda Polígono. 

En 2013, la Red de Medios Comunitarios consiguió la anulación del concurso de asignación de frecuencias de radio en la Ciudad Autónoma de Mellilla porque este ejecutivo no incluyó a los medios comunitarios, algo obligatorio desde 2010.

Antes, la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid (URCM) y la emisora comunitaria coruñesa Cuac FM recurrieron los repartos de licencia de sus comunidades autónomas.

Durante los dos últimos años, el Defensor del Pueblo ha instado en varias ocasiones al Gobierno de España a cumplir y desarrollar las obligaciones derivadas de la Ley General de Comunicación Audiovisual en materia de medios comunitarios de radio y televisión.

"La discriminación contra los medios comunitarios tiene que acabar inmediatamente. Hay 3 televisiones asociadas de la ReMC afectadas directamente por esta medida. Pero vamos a recurrir y ganar esto porque se está actuando contra los derechos de la ciudadanía a recibir y difundir informaciones a través de sus propios medios, algo que está recogido en el artículo 4 de la Ley Audiovisual. Y tenemos que hacerlo por todas las televisiones comunitarias que están por venir en los próximos años", subrayó Navarro.

El desarrollo y la reforma de la Ley estatal

En la asamblea extraordinaria de la ReMC celebrada en Sevilla se acordó la Declaración de Osuna, en la que se insta al Gobierno y a todos los partidos con y sin representación en las Cortes Generales a reformar la actual Ley General de Comunicación Audiovisual para incorporar las recomendaciones de Naciones Unidas y Parlamento europeo sobre los medios comunitarios y aproximar la legislación española a la de Francia, Irlanda, Argentina y Uruguay.

La Declaración pone como referente las 95 propuestas presentadas por 40 colectivos agrupados en el Foro Andaluz de Educación Comunicación y Ciudadanía de cara a la elaboración de la Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía. Entre ellas, se concreta "un marco legal digno para los medios comunitarios sin ánimo de lucro, el desarrollo del derecho constitucional de la ciudadanía para hacer sus propios programas en las radios y televisiones públicas (derecho de acceso), la participación ciudadana en los órganos supervisores del sector audiovisual y la formación en comunicación en todos los niveles educativos (desde secundaria a la formación de adultos y la formación profesional para el empleo)", entre otros aspectos.

Además, el Gobierno lleva tres años incumpliendo la disposición transitoria decimocuarta de la Ley General de Comunicación Audiovisual al no haber desarrollado reglamentariamente los procesos de concesión de licencias para medios comunitarios.