El PP y el PSOE han recogido en sus enmiendas al Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos tras los últimos escándalos de corrupción que han salido a la luz, pero han limitado la responsabilidad penal a las personas individuales que reciben donaciones ilegales, dejando sin castigo a las formaciones que se han beneficiado de las mismas.
Los principales partidos no tocan la responsabilidad a la que se enfrentan las propias formaciones por haberse financiado ilegalmente y apuestan por mantenerla en el ámbito civil, que solo obliga a devolver el dinero percibido al margen de la ley, pero no imponen sanciones penales, como podría ser el pago de una multa, la suspensión de actividad o incluso la disolución.
El anterior ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, modificó el
Código Penal en 2012 para que los partidos y sindicatos pudieran ser condenados penalmente, pues desde la Transición estaban exentos. Sin embargo, el nuevo delito de financiación ilegal no es uno de los tipos penales con el que se puede aplicar este castigo.
En todo caso,
PP y PSOE apuestan por mantener el artículo 122 del Código Penal, el utilizado por el juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz para
declarar al PP partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la 'trama Gürtel'. Este precepto, obliga a quien "por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta" a
resarcir el daño hasta la cuantía recibida.
"Se trata de una obligación civil, que no tiene su origen en la participación en el delito, sino de modo objetivo en la existencia de un beneficio a título gratuito", recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este punto.
Dispuestos a "mejorar" la redacción
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, anunció el jueves en el Congreso que "por primera vez en nuestra democracia la
financiación ilegal de los partidos políticos será un delito específico". Sin embargo, la impunidad penal de las formaciones se mantiene y la responsabilidad en este ámbito se limita a quienes reciben donaciones ilegales o las entregan.
El secretario general del Grupo Popular,
José Antonio Bermúdez de Castro, ha reconocido este viernes que el delito de financiación ilegal es un tipo complejo, pero ha asegurado que el PP está dispuesto a dialogar con otros partidos para mejorarlo.
En concreto, el PP apuesta por castigar con una pena de prisión se seis meses a cuatro años y una multa del triplo al quíntuplo de su valor a quien reciba aportaciones destinadas a un partido político, diferenciando el nivel de seguridad según si el importe es superior a 500.000 euros o a 100.000 euros.
Las mismas penas se imponen a las personas, también jurídicas, que entregan las donaciones ilegales destinadas a un partido. Además, se castiga con una pena de prisión de uno a cinco años a quien participe en "estructuras u organizaciones" --como empresas-- que tengan por finalidad la financiación de partidos saltándose la ley.
Por su parte, el PSOE no menciona la responsabilidad penal de los partidos, pero también permite que un dirigente pueda ser condenado con penas de hasta cuatro años de cárcel por falsear las cuentas de la organización.
Los socialistas proponen que los representantes legales y administradores de las formaciones políticas que acepten donaciones ilegales puedan ser castigados con penas de prisión de dos a seis años, multa e inhabilitación.
Penas por falsear cuentasEsas penas, añaden, se incrementarán en dos o cuatro años de prisión si los responsables de esos partidos políticos llevaran a cabo conductas relativas a "falsear sus cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar su situación económica-financiera-patrimonial, para negar, impedir u obstruir el control externo de la misma".
Además, contempla castigar a quienes no participen en el delito pero lo hayan ocultado o hayan ayudado a sus responsables a eludir la investigación de "autoridad o sus agentes". Igualmente, proponen que se penalice a quienes hagan donaciones ilegales a los partidos políticos, así como la imposibilidad de que puedan hacer contratos con las administraciones públicas.
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