"Nunca lo he pensado. Hay criterios y criterios", ha recalcado el magistrado en su entrada a las dependencias judiciales, y aunque no ha desvelado cuando dictará el auto, ha señalado que ello "dependerá de la complejidad" de los escritos de calificación que las acusaciones le han entregado, en los que concretan las penas que solicitan para los inculpados del caso.
Respecto a la Infanta, el fiscal Pedro Horrach reclama el sobreseimiento de su imputación al apuntar a la inexistencia de "dato, indicio, documento o declaración que acredite lo que hasta el momento ha sido incapaz de justificarse: una mínima prueba de cargo indiciaria y objetiva" de la actuación supuestamente delictiva de la Infanta. Manos Limpias, sin embargo, solicita ocho años de cárcel para la Duquesa al considerarla cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
La Audiencia Provincial de Baleares dejó en manos del juez Castro la decisión de aplicar sobre la infanta, "con libertad de criterio", la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido. Ni Ministerio Público ni Agencia Tributaria apuntan a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del rey Felipe VI.
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