El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado del PSOE, y al exdirector general Ildefonso Ortega y les ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones que deberán depositar por el "perjuicio económico" que causaron a la entidad.
En un auto dictado este martes el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta la apertura de juicio oral contra los dos máximos dirigentes de la entidad, la primera caja de ahorros española que fue intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con un rescate de 9.000 millones de euros, para que sean juzgados por los delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal.
Además, el juez da diez días de plazo a los dos gestores de la caja para que, atendiendo a la "indemnización interesada" por el Banco Castilla-La Mancha, presten la citada fianza de responsabilidad civil y les advierte de que, si no lo hacen en este plazo, serán embargados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de dos años y medio de cárcel para los dos acusados, mientras que el Banco Castilla-La Mancha solicita una petición de pena de cinco años y medio y Adicae un total de cinco años.
El magistrado señala que será el Juzgado Central de lo Penal el encargado de celebrar la vista contra Moltó y Ortega y les cita el próximo viernes a las 10:00 horas para comunicarles esta nueva resolución.
Ruz dio el primer paso para juzgarles a principios de octubre, cuando consideró indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de crédito con una "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación", con "manifiesto incumplimiento de los estándares normales en la concesión de riesgos".
Ello derivó en un "perjuicio económico para la caja", ejecutando determinadas prácticas con "incidencia o afectación sobre la imagen fiel contable y de riesgos, como consecuencia de ocultar la morosidad y el nivel de concentración de riesgos de la entidad".
Pasaba entonces a detallar cada una de las operaciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva de las que ya alertó el Banco de España en su pericial, en la que el supervisor encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".
Se refería a los créditos a Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Kopan Cartera, T-Solar Global, Renovalia, Residencial Picón, Sersan Integral o Grupo Lábaro, entre otros, por 253,8 millones de euros, siendo la de mayor volumen la de un crédito de 60 millones a Zent Inversiones.
A continuación figuraban dos préstamos de 50 millones cada uno para el empresario Antonio Barco Fernández y para el Grupo de Negocios Urbaja.
"En la práctica totalidad de ellas", decía el juez, se concedieron préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora".
Todo ello "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos resultaron total o parcialmente impagados y las garantías prestadas resultaron insuficientes para su recuperación", siendo además "muy significativo" que muchos se otorgaron cuando la caja "atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez".
Asimismo, afirmaba que reflejaron beneficios en los estados financieros correspondientes a 2008 que presentaron al Banco de España, "siendo ambos conscientes, por el contrario, de que la entidad en realidad había incurrido en pérdidas en el citado ejercicio".
CCM fue la primera entidad española en ser intervenida en esta crisis después de que en marzo de 2009 el Consejo de Ministros aprobara una inyección de fondos públicos de 9.000 millones de euros.
PP: "uno de los casos más graves de corrupción"
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha indicado que "las acusaciones y la fianza impuestas por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a Hernández Moltó, le sitúan como uno de los casos más graves de presunta corrupción de toda España, que afecta directamente al actual PSOE de Page".
Además, Francisco Cañizares "ha recordado las peticiones de prisión superiores a los cinco años realizadas por distintas acusaciones", según ha informado el PP en nota de prensa.
Cañizares, asimismo, ha recordado que fue el Partido Popular, "ante la negativa del PSOE de dar explicaciones al respecto, quien denunció lo ocurrido en CCM y que ha dado lugar a las referidas actuaciones judiciales contra el entonces presidente socialista Hernández Moltó".
El dirigente 'popular' ha recordado que Moltó fue secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha y "que fue rehabilitado como invitado estrella por Emiliano García-Page en el congreso en el que fue nombrado secretario general de la formación".
"Page está, por todo lo anterior, inevitablemente vinculado, tanto al caso de CCM, como por su apoyo personal al ahora imputado Hernández Moltó; además de haber intentado impedir durante todos estos años conocer lo que pasó en la caja regional y que empieza ahora a esclarecerse", ha concluido Cañizares.
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