La Ley de Caza comenzó este lunes su andadura parlamentaria con la publicación en el boletín oficial de las Cortes del texto del anteproyecto definitivo. Los grupos parlamentarios tienen ahora quince días para presentar enmiendas.
La Plataforma, de cara al trámite parlamentario, quiere trasladar al PP y al PSOE sus críticas a la Ley ya que, en su opinión, "no supone otra cosa que privilegiar la caza intensiva en perjuicio de la protección del medio natural y las especies, del uso público del monte y de actividades económicas como el turismo rural u otros aprovechamientos forestales".
A día de hoy las peticiones de la Plataforma han sido suscritas por más de 104.000 personas que han firmado la campaña abierta en la red social Change.org exigiendo la retirada de la Ley o su modificación sustancial.
En opinión de la plataforma, el texto del anteproyecto no se ha modificado apenas respecto del que inicialmente presentó la Consejería de Agricultura y recuerdan que contempla "sanciones graves a las personas que puedan molestar a los cotos de caza, la posibilidad de abatir perros y gatos sin garantizar la protección de los animales domésticos, el aumento de las vallas en los campos y las subvenciones a terratenientes y empresarios cinegéticos. Todo ello sin introducir ninguna mejora de carácter ambiental que permita controlar mejor la actividad cinegética", lamentan desde el colectivo.
La Plataforma considera que "resulta llamativo que la Junta insista en los supuestos beneficios sociales y económicos de la caza y no atienda a los graves problemas que genera".
En los últimos tiempos, aseguran, "la caza en Castilla-La Mancha se ha revelado como una actividad salpicada por casos de corrupción, por ejemplo el caso "Estipendo" y la trama "Púnica"; que obstaculiza el desarrollo de actividades turísticas y recreativas, como ha ocurrido en los senderos del Parque Nacional de Cabañeros; que produce daños a los espacios y especies protegidas, con nuevos vallados y métodos de caza que matan linces; y que cada día está más intensamente subvencionada por la Junta".
La Plataforma reclama que los derechos de los usuarios del monte y la protección de la naturaleza y de las especies prevalezcan sobre una explotación económica privada como la caza en consecuencia con lo que estipulan las leyes españolas y europeas y demandan la mayoría de ciudadanos no cazadores.
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