La Abogacía del Estado pide 60 años de cárcel para Bárcenas por el caso Gürtel

En su escrito de acusación, la Abogacía del Estado explica que su intervención en esta causa "lo será sólo a los efectos de perseguir y tratar de obtener reparación de los delitos respecto de los que se encuentran comprometidas sus competencias administrativas", por lo que sólo acusa de delitos fiscales, falsedad y, en el caso del matrimonio Bárcenas, también de estafa procesal en grado de tentativa.


Por ello su acusación se dirige contra 20 de los 42 imputados en esta causa: cuatro de ellos en concepto de autores -Bárcenas, su mujer Rosalía Iglesias, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo- y los otros 16 como cooperadores necesarios en los delitos que se imputan a los primeros, entre ellos el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa.

De ahí, posiblemente, que el escrito tampoco haga referencia a las responsabilidades civiles del PP y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a título lucrativo, que sí les atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación.

Lo que sí "consta acreditada" para la Abogacía es que Bárcenas llevaba junto al imputado Álvaro Lapuerta "una contabilidad paralela o Caja B -denominación atribuida por no aparecer asentados los pagos que integrarían la misma en los libros contables, ni declarados a la Hacienda Pública- del referido Partido político entre los años 1990 a 2008".

Justicia avala la salida de prisión bajo fianza de Bárcenas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avalado la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la salida de la cárcel del ex tesorero Luis Bárcenas tras abonar la fianza de 200.000 euros ya que se trata "simplemente de la aplicación del Derecho", y ha añadido que no aprecia riesgo de fuga ni de ocultación de pruebas. 

Así lo ha asegurado en los pasillos del Congreso el titular de Justicia, quien ha rehusado contestar a la pregunta de si teme que Bárcenas pueda "perjudicar al PP" cuando recobre la libertad, tras pasar 19 meses en prisión preventiva.

El ministro ha optado por limitarse a hacer un "análisis jurídico" de la situación. En este ámbito, ha destacado que se han aplicado correctamente las normas procesales y las garantías constitucionales sobre el sentido de la prisión provisional. "El auto de la Audiencia Nacional acredita que se cumplen sobradamente esas garantías de evitar riesgos de fuga o de ocultación de pruebas. Me parece que es la aplicación de nuestro Derecho, simplemente", ha zanjado.


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