El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad, "que no es poco", dice la plataforma, de varias disposiciones de la Ley de Evaluación Ambiental que, recuerdan a efectos prácticos anulan las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, incluida la elevación de la reserva de 240 a 400 hm3, el escalonamiento de la entrada en vigor del nuevo umbral hasta 400 hm3 en varios años, la disposición relativa a la "cláusula Narbona" que exigía la paulatina sustitución de aguas del trasvase por otros recursos en las cuencas receptoras.
Es decir, "las desaladoras vuelven a estar obligadas por ley a sustituir al trasvase Tajo-Segura", asegura la plataforma y finalmente la disposición que redistribuía los posibles excedentes que se pudiesen obtener de las aguas trasvasadas, por mejoras en eficiencia, asignando un 70% a regadíos en las cuencas receptoras, en lugar de abastecimientos, con los que los regantes del trasvase, asegura este colectivo, "se quedaban con esas teóricas mejoras en eficiencia repercutiendo más costes en abastecimiento en la Mancomunidad del Taibilla".
También se anula la disposición que "declaraba alegremente como excedentarias todas las existencias por encima de los 400 hm3 en Entrepeñas y Buendía, y que por tanto se podían trasvasar".
Para la plataforma, "esta sentencia, lejos de interpretarse como un mero formulismo a solucionar con urgencia, como intenta hacer creer el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incide en que no es posible hacer una política de aguas nacional sin atender a los requerimientos de las cuencas hidrográficas que sufren trasvases, y no consultar a las comunidades autónomas que resultan afectadas por las demarcaciones hidrográficas trasvasadas, en este caso la del Tajo".
La sentencia deja en vigor dos aspectos que la plataforma considera "muy negativos" para el río Tajo y también para el río Ebro. Esto último, explican, "es lo que interesaba al gobierno de Aragón". En concreto, "se autorizan los contratos de cesión entre diferentes cuencas hidrográficas, el mercadeo de agua, en este caso de la venta de dotaciones de riego en Estremera y Aranjuez en la Comunidad de Madrid".
También se mantiene la disposición que exigía establecer unos "desembalses de referencia" en la cuenca del Tajo, que deben ser aprobados y controlados por la Dirección General del Agua. Es decir, el agua que por ley debe salir al Tajo, pues éste es el único río que por ley tiene limitada el agua que puede salir a su propio cauce.
Pese a estos aspectos, recuerdan, "la sentencia tacha de inconstitucional una forma de hacer política al margen de la legalidad, al troceamiento de los ríos para intereses políticos de presidentes de comunidades autónomas, y en el caso del Tajo, la intromisión de intereses particulares, en este caso los regantes del Tajo-Segura, en detrimento de los intereses constitucionales de los ciudadanos que habitan la demarcación hidrográfica del Tajo".
El "vergonzoso papel" del Gobierno de Cospedal
"Es vergonzoso el papel jugado por el gobierno de Castilla-La Mancha, con su presidenta Cospedal a la cabeza", critican para recordar que "ha tenido que ser el gobierno de Aragón, con una ínfima parte de su territorio en la cuenca del Tajo, el que haya litigado ante el Estado, y haya arrancado esta sentencia al Constitucional".
En este sentido exigen a la presidenta de Castilla-La Mancha "un cambio de rumbo a su errática y entreguista política de aguas, y que se ponga a trabajar en el nuevo plan del Tajo (a información pública hasta junio de este año), para enmendar en lo posible la situación del río, de su cabecera agotada por los trasvases, y del patético estado ambiental y ecológico del tramo medio del río entre cabecera y Talavera de la Reina".
Esta sentencia, añaden, unido al dictamen de la Defensora del Pueblo de hace un par de semanas, "deja muy tocado el frágil aunque aparentemente enrevesado andamiaje jurídico con que el Partido Popular esta legislatura ha querido dejar atado y bien atado el trasvase Tajo-Segura, bordeando o incumpliendo flagrantemente la legalidad".
Açun quedan otras sentencias pendientes del Tribunal Supremo al recurso presentado por la Plataforma de Talavera contra el Plan del Tajo así como tres quejas en la Comisión Europea por vulneración de derecho comunitario.
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