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El PSOE pide la comparecencia del presidente del CSN para que explique la licitación del almacén nuclear

El PSOE pide la comparecencia del presidente del CSN para que explique la licitación del almacén nuclear

miércoles 11 de febrero de 2015, 14:46h

El grupo parlamentario socialista ha solicitado la comparecencia del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo para que explique la viabilidad del emplazamiento del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La solicitud se ha registrado este miércoles, un día después de que el presidente de Enresa -la empresa encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles-, Francisco Gil-Ortega haya presentado su dimisión por "razones personales".

En concreto, el PSOE quiere que Martí Scharfhausen explique los informes relativos a la viabilidad del emplazamiento del ATC en Villar de Cañas (Cuenca).

El emplazamiento ha sido cuestionado por distintas organizaciones ecologistas y el propio organismo regulador, en el marco del proceso de licenciamiento del proyecto, ha solicitado a Enresa más datos respecto a la idoneidad de la ubicación, las características del terreno y las consideraciones respecto a la seguridad de cara a acoger durante al menos 60 años los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

Este mismo miércoles el portavoz socialista de Energía y miembro de la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, José Segura, ha solicitado también la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras la dimisión este martes del presidente de ENRESA, Francisco Gil-Ortega.

El PSOE quiere que Soria explique la situación de ENRESA, la empresa estatal encargada de la gestión de los residuos radiactivos españoles, tras la dimisión de su presidente, Francisco Gil-Ortega este martes "por razones personales".

En Castilla-La Mancha, se culpa a Cospedal

Desde Castilla-La Mancha, la diputada regional y secretaria de organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha asegurado que "por mucho que Cospedal pretenda escurrir el bulto con el fracaso del ATC (Almadén Temporal Centralizado) y con la dimisión de Gil-Ortega al frente de Enresa, es su responsabilidad".

"Un fracaso doble, el del aún presidente de la empresa nacional de residuos nucleares encargada de construir el cementerio nuclear en el municipio conquense de Villar de Cañas y el de la presidenta de Castilla-La Mancha por empeñarse en este proyecto pese a tener la peor ubicación posible al asentarse en unos terrenos que no reúnen las condiciones de seguridad necesarias",  asegura. 

Los socialistas recuerdan las dudas sobre la idoneidad de los terrenos por cuestiones de seguridad, por el sobrecoste que conllevaría la modificación del proyecto y por el acuífero existente en la zona de actuación "en una batalla que desde las filas socialistas considera que ha ganado la vicepresidenta del Gobierno de España,Soraya Sáez de Santamaría, en su guerra abierta que mantiene con Cospedal".

Fernández contextualiza la marcha de Gil-Ortega en su nombramiento pese a ser una persona sin experiencia y sin cualificación para el cargo, tanto que "se empecinaba en adjudicar una obra de 217 millones de euros sin el visto bueno del CSN", a lo que se suman "adjudicaciones en entredicho", una de ellas por importe de 30 millones a la compañía de la que es consejero Ignacio López del Hierro, a la sazón marido de la propia Cospedal.

"Tres años perdidos", dicen los socialistas que apuntan, por otro lado, una buena noticia que tiene que ver con que "aún no se ha construido una infraestructura a la que desde el principio se opuso el Partido Socialista".

Además, Blanca Fernández reprocha por último las "colocaciones a dedo" que se llevaron a cabo en el ATC de Villar de Cañas, empezando por la de Francisco Gil-Ortega y las 68 que con posterioridad realizó el ex alcalde de Ciudad Real.

Aunque la polémica, dice, "no se queda aquí si se tienen en cuenta los 160.000 euros al año que se ha estado embolsando Gil-Ortega, el aumento de 3 a 7 miembros en el comité de dirección o los gastos en dietas y viajes sin facturas que desveló un medio de comunicación y que acabó con el despido del responsable auditor de la empresa pública Enresa".

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