El presidente de la Diputación de Cuenca inicia un proceso judicial contra una diputada del PSOE

En un comunicado, la Diputación advierte de que si no hubiera avenencia, quedaría abierta la interposición de la querella, no sólo contra Carmen Torralba, sino "contra el resto de autores, cuando menos, el o los responsables de la cuenta de Twitter @PSOEdeCUENCA, al parecer el Partido Socialista de Cuenca".

Benjamín Prieto ha dado este paso como respuesta "a las insidias y mentiras vertidas" por la portavoz socialista y los responsables de esa cuenta de Twitter "cuestionando las adjudicaciones de redacción de proyectos y dirección de obras que distintos ayuntamientos de la provincia encomendaron a un hermano de Benjamín Prieto en los ejercicios 2011 --antes incluso de que Prieto fuera elegido presidente de la Diputación-- y 2012; siempre con cargo a los Planes de Obras y Servicios".

En su relato de los hechos, Prieto recuerda que a través de diversos comunicados y declaraciones, desde el Grupo Socialista "se han imputado cantidades que no se corresponden con la realidad de los trabajos realizados y se han vertido insidias sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos con el agravante de que la señora Torralba conoce perfectamente los procedimientos seguidos para estas contrataciones que en ningún caso realizó la Diputación provincial".

Así las cosas, en la demanda se señala que tanto en el contenido de estas acusaciones, "con intencionada manipulación y ocultación de la información, a sabiendas" como por los medios empleados difundiéndolo a través de los medios de comunicación y usando --incluso cuando la Diputación provincial ya había emitido un comunicado aclarando la cuestión-- la resonancia de determinadas redes sociales, se ha producido un ataque a su honorabilidad con artes que denotan "una malicia añadida".

En su escrito ante el juzgado Prieto adelanta que en el acto de conciliación solicitará que Carmen Torralba reconozca los hechos, reconozca que las expresiones o manifestaciones recogidas en los comunicados publicados son injuriosas y/o calumniosas y las mismas atentan contra el honor y la dignidad de las personas, "habiéndose realizado con la intención de desprestigiar públicamente y se avenga abonar la cantidad de 6.000 euros, en concepto de indemnización por los graves daños y perjuicios morales que dichas expresiones, informaciones y manifestaciones públicas han producido al honor y a la familia del demandante".

En esta misma solicitud Prieto ya adelanta que esta cantidad será donada a Cáritas y a Cruz Roja, a partes iguales.