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Catalá enmienda las políticas de Gallardón: reforma la ley del Poder Judicial y suprime las tasas judiciales a las personas jurídicas

Catalá enmienda las políticas de Gallardón: reforma la ley del Poder Judicial y suprime las tasas judiciales a las personas jurídicas

viernes 27 de febrero de 2015, 14:41h
El Gobierno ha dado marcha atrás a dos políticas judiciales clave impulsadas por el ex ministro Alberto Ruiz Gallardón. El nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, ha modificado la polémica ley de tasas judiciales para que las personas físicas queden exentas en todos los órganos e instancias y ha corregido la ley de funcionamiento del CGPJ sólo año y medio después de su aprobación.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley para la modificación de las tasas judiciales por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de las mismas en todos los órdenes e instancias judiciales para así facilitar el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

La supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que desde la creación de las tasas en 2002 por el PP, éstas se han ido ajustando y, en alusión a la reforma de este viernes, ha dicho que se trata de una "mejora". Al suceder a Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, ya anunció que las tasas volverían a revisarse.

Esta medida, que ya fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación, es una propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y persigue el objetivo de que "ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos" y que la Justicia "esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva.

Eso sí, se mantienen las tasas para personas jurídicas, es decir, para empresas. Preguntado en concreto sobre las pequeñas y medianas empresas, el ministro ha recordado que ya están exentas de pagarlas hasta los 2.000 euros.

Por otro lado, sobre si desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera, Catalá ha negado que estén "desaparecidos".


Ley sobre el funcionamiento del CGPJ

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el que se incluye un aumento a siete del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, han informado fuentes gubernamentales.

De este modo, y tan sólo después de año y medio después de ser aprobada en junio de 2013, con Gallardón en la cartera de Justicia, el Gobierno "autoenmienda" su propia reforma de la LOPJ, que fue la que modificó la constitución y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y redujo el número de miembros del mismo con dedicación exclusiva. La reforma está además recurrida ante el Tribunal Constitucional.

La nueva norma incorpora, además, mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales. Así, jueces experimentados en su materia podrán prestar asesoramiento a otros instructores que lleven causas de especial complejidad en su tribunal.

No obstante, los cambios se centran especialmente en la introducción de modificaciones en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y, en concreto, a fin de buscar un "equilibrio" entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se extenderá la jurisdicción de estos órganos a  dos o más partidos judiciales.

Se amplían las competencias del Juez de Violencia sobre la Mujer a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y el honor de la mujer. Es decir, estos magistrados podrán exigir responsabilidad penal por delitos que hasta ahora estaban fuera de su alcance como la revelación de secretos e injurias.


Los jueces de violencia de género también obtendrán mayor eficacia a la hora de proteger a las víctimas porque investigarán los quebrantamientos de medidas impuestas, como por ejemplo, el alejamiento.

El Proyecto de Ley dota de mayores herramientas al CGPJ para que cuente con una mayor flexibilidad a la hora de redistribuir sus recursos. Por ejemplo, el órgano de gobierno de los jueces podría acordar que determinados magistrados de una misma provincia se especialicen en unos casos en particular, que no afectarían al orden penal, y que permitiría agilizar la resolución de estos asuntos y unificar criterios.

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