La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) , hecha pública hoy abre la posibilidad al recurso en casación ante el Supremo y estima la
demanda presentada por los sindicatos, y en concreto la alegación de CCOO, a la
que se adhirieron el resto de sindicatos y que advertía que al aprobar el Plan, el Gobierno de
Cospedal vulneraba claramente lo establecido por el propio Gobierno en la Ley
de Presupuestos de la Junta.
"Este incumplimiento flagrante evita al TSJCLM
entrar siquiera en el resto de las cuestiones del fondo del asunto", señala CCOO quien recuerda que el Alto Tribunal castellano-manchego señala que el Plan de Recursos Humanos conlleva, además de modificaciones en las condiciones de
trabajo de los conductores, alteraciones en la Relación de Puestos de Trabajo
de la Junta e incrementos en el gasto público.
El Gobierno Cospedal adujo al respecto un
informe en el que sostenía que con el Plan de Recursos Humanos "va a haber un ahorro de
2.000.000 euros", pero el TSJCLM señala que "se trata de un informe basado en
generalidades, no valorativo, ni explicativo, ni concreto"
CCOO valora esta sentencia, "que una vez más pone de relieve las nefastas consecuencias para los intereses públicos de una forma de gobernar, la del actual Gobierno de CLM, ajena al respeto al ordenamiento jurídico y las prácticas democráticas, al diálogo y a la negociación".
El sindicato felicita al colectivo de conductores, que tras "una larga y ejemplar movilización, han logrado ganar en los tribunales lo que fue imposible ni siquiera analizar en la mesa de negociación", en la que los representantes del Gobierno de Cospedal, aseguran, "jamás aportaron razones serias, informes imprescindibles, ni argumentos sostenibles para justificar su plan de destrozos humanos".
CCOO también quiere agradecer y felicitar a los propios servicios jurídicos del sindicato por su actuación intachable que ha conseguido una sentencia tan positiva para los trabajadores y para la propia administración autonómica.
Recordar, a este respecto, que el propio Tribunal, atendiendo a la petición de medidas cautelares reclamadas por CCOO, ya dictó el pasado 14 de noviembre un Auto de paralización del proceso de reasignación de plazas de los conductores de la Junta a los que el Gobierno Cospedal quería enviar a otros destinos.
"Lideramos la movilización, lideramos la negociación, lideramos la coordinación regional del conflicto y ahora rematamos con una actuación jurídica impecable", ha recalcado el responsable del Sector Autonómico de la FSC-CCOO CLM, Ramón González.
El Gobierno recurrirá ante el Supremo
La Junta de Castilla-La Mancha recurrirá ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anula el plan de recursos humanos de los conductores oficiales.
El Gobierno regional considera "errónea la interpretación que sirve al Tribunal para anular el Plan de Empleo de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2014", según ha manifestado mediante un comunicado.
El Ejecutivo autonómico, se hace eco del TSJCM, y señala que este órgano ha indicado que "era preceptivo un informe previo de la Dirección General de Presupuestos, algo que no se incluyó en el Plan de Recursos Humanos" y añade que "el artículo 37.3 de la Ley de Presupuestos establece con claridad que no hay razón para solicitar el informe cuando el propósito razonado y debidamente argumentado es el de reducir costes, ya que, en ese caso, lo que ha de valorarse es la corrección o no de las motivaciones administrativas desarrolladas en la parte expositiva del Plan".
El Gobierno regional defiende que "nada más acceder el nuevo Gobierno de Cospedal, se tomaron medidas de eficiencia en el gasto que incluían un nuevo diseño del Parque Móvil" eliminándose "el 50 por ciento de los conductores de altos cargos, se redujo la plantilla de los laborales temporales, consiguiendo un ahorro de un millón de euros, y se redujo la flota de automóviles un 20 por ciento".
Ese plan de eficiencia, señala la Junta, en el gasto incluía también un plan de recursos humanos para los conductores de los coches oficiales, "donde se pactó con los sindicatos la recolocación del 50 por ciento de los conductores en otros puntos de la Administración garantizándoles el cien por cien de su sueldo".
"El número de conductores oficiales había ido creciendo desde el año 2000 en la región de forma imparable, hasta el punto de que en 2005 se duplicó el número de coches oficiales, pasando de 128 a 253. Con la llegada del actual Gobierno, se decidió reducir los conductores oficiales por motivos económicos, organizativos y de mejor gestión", ha asegurado el Ejecutivo.
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