Se declara en receso antes de la instalación de la Asamblea

El Parlamento ecuatoriano se declaró hoy en receso por un mes, un día antes de la instalación de la Asamblea Constituyente que, según el jefe de Estado, Rafael Correa, está facultada a disolverlo.
De los 85 legisladores presentes, 62 votaron a favor, 20 se abstuvieron y tres votaron en contra, dijo a Efe una fuente del Parlamento.
Correa, que pondrá su cargo a disposición de la Asamblea el próximo viernes, ha señalado que esa nueva entidad, que tendrá plenos poderes, debe disolver el Parlamento, en el que el jefe de Estado no tiene diputados propios.
Hoy mismo diputados de los bloques Pachakutik y Movimiento Popular Democrático, afines al Gobierno, y un legislador socialista ofrecerán una rueda de prensa para confirmar que ponen sus cargos a disposición de la Asamblea Constituyente, que quedará instalada mañana en Montecristi (oeste), agregó la fuente parlamentaria.
Según el calendario fijado hoy, los legisladores retornarán a sus funciones el 28 de diciembre, pero al ser ese día viernes y dado que los diputados trabajan de martes a jueves, se prevé que reanuden sus funciones en enero.
El gobernante cree que la Asamblea debe designar una Comisión Legislativa en reemplazo del Parlamento para que trate temas urgentes.
El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, ha indicado en reiteradas oportunidades que disolver el Parlamento sería inconstitucional e ilegal.
En un mensaje a la nación, Cevallos defendió este martes la vigencia del Parlamento, rechazó las opiniones que demandan su cese y dijo que teme que la Asamblea Constituyente se convierta en un "pulpo de 130 tentáculos".
Jorge Cevallos aseguró que si los 130 asambleístas resuelven suspender las funciones del Parlamento, "constituirá una ruptura del ordenamiento jurídico vigente".
Cevallos dijo que pese a los "plenos poderes" de los que está revestida la Asamblea Constituyente, sus funciones representan sólo una especie de "legislatura especial" a la que se le ha encargado redactar una nueva Carta Magna y reformar el orden jurídico del Estado.
"Cualquier exceso de la Asamblea Constituyente o de sus integrantes constituirá ruptura del ordenamiento vigente y será sujeto de sanción" en el futuro por los órganos de control del país o de organismos internacionales que velan por la democracia, apuntó Cevallos.
El Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas del país y en reiteradas ocasiones se han llevado a cabo marchas populares para pedir su disolución.