Carpetazo definitivo del Supremo a dos causas de 'Justicia universal': genocidio en el Tíbet y represión de Falun Gong

   Se trata de la primera vez que el alto tribunal aborda el cierre de causas amparadas por el principio de la justicia universal, después de que  el Congreso en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) estableciera nuevos requisitos y límites para las instrucciones. El Supremo se había limitado, por el momento, a pronunciarse sobre la puesta en libertad de tripulantes de barcos con drogas a bordo detenidos en aguas internacionales.

   La Audiencia Nacional tomó la decisión en junio argumentando que estos dos procedimientos no cumplían con la nueva legislación ya que, en contra de lo establecido por ésta las dos causas se dirigían contra personas que no tienen la nacionalidad española, que no residen habitualmente en España y a los que no se denegó su extradición por parte de las autoridades nacionales.

   En el procedimiento sobre el Tíbet, el juez Ismael Moreno investigaba el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en la región, en la que habrían muerto un millón de personas durante los últimos 50 años.

   En febrero de 2014 el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun. También estaba imputado en la causa el expresidente Hu Jintao.

   La orden de busca y captura dictada por el juez generó un conflicto diplomático con China, que llamó a consultas al embajador español en Pekín. Las autoridades chinas expresaron, además, abiertamente "su firme rechazo" a la decisión.

   En relación con el caso de Falun Gong, Moreno instruía una querella interpuesta en 2004 por 15 víctimas de la represión que sufrieron los miembros de este grupo desde 1999. El procedimiento, que fue avalado en junio de 2006 por el Supremo, se dirigía, entre otros, contra el actual presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, secretario del Comité Municipal de Pekín entre 1997 y 2002.

   El Supremo tiene, además, pendiente  abordar la posible competencia de la Audiencia Nacional para seguir investigando otras dos causas.  Se trata de las investigaciones por el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría y otras 7 personas el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y la investigación a siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.