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Cospedal en un reciente acto
Cospedal en un reciente acto

El Supremo cuestiona la legalidad de las medidas de ahorro del Gobierno de Cospedal

miércoles 29 de abril de 2015, 13:55h

El Tribunal Supremo ha emitido un auto que da respuesta al recurso planteado por los sindicatos CC OO y UGT y cuestiona "la constitucionalidad del incremento de jornada, la reducción salarial y los recortes en la prestación por Incapacidad Temporal impuestos por Cospedal a los empleados públicos de la Junta de Castilla-La Mancha".. El Alto Tribunal cuestiona así las medidas de ahorro del Gobierno de Dolores de Cospedal a través del llamado Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos.

El auto del Tribunal Supremo acuerda pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 1, 5 y 20 de la Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos aprobada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2012 .

En concreto, se refiere al Artículo 5 de dicha ley, que afecta a las retribuciones del personal funcionario; el artículo 20, que habla del complemento por incapacidad temporal (IT) de los empleados públicos, y el artículo 1, en el que afecta a la jornada de trabajo que eleva a 37 horas y media semanales.

La Federación de Servicios Públicos de UGT-CLM se ha felicitado por la decisión delTribunal Supremo de "cuestionar" la constitucionalidad de estos tres artículos de la Ley 1/2012 del Gobierno de Cospedal, "una crónica de inconstitucionalidad anunciada",según la secretaria general de FSP UGT CLM, Carmen Campoy, que recuerda que el PP en las Cortes Regionales "hizo oídos sordos a un informe del Consejo Consultivo al respecto".

"La demanda de CCOO se acumuló a la de UGT", recuerda Campoy, que añade que "el Consejo Consultivo ya avanzaba la posible inconstitucionalidad en un informe del 11 de enero de 2012, que señalaba que la cuestión de inconstitucionalidad ya estaba en el origen del presente procedimiento porque cuando se publicó la norma el propio Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el informe preceptivo para la ley, página 45, ya indicaba que la Junta no era competente en esta materia".

"Si la comunidad autónoma tuviese competencia legislativa en materia laboral, la modificación de la jornada del personal de la Administración autonómica podría llevarse a cabo mediante una ley regional, pero al carecer de dicha competencia la cuestión resulta bastante más dudosa y su establecimiento mediante ley seguramente podría traer como consecuencia el planteamiento de un conflicto colectivo de incierto resultado" , señalaba el Consejo Consultivo, "pero a pesar de esta seria advertencia, el Partido Popular en las Cortes Regionales hizo caso omiso y aprobó la ley", lamenta la responsable de FSP UGT.

"No es una sorpresa", dice UGT

Respecto al procedimiento judicial, Campoy señala que "hemos estado sosteniendo la posibilidad del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 1,5 y 20 de la ley y el asunto ahora no es una sorpresa porque la posibilidad de revisar la inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo ya fue abierta en la primavera de 2014 y la propia UGT, en escrito de 9 de junio de 2014". 

Carmen Campoy afirma que "es de lamentar que, dado el volumen de asuntos en el Tribunal Constitucional, cuando salga la correspondiente sentencia, puedan no estar en el gobierno de Castilla-La Mancha los que hubieran de cumplirla".

El PSOE confía en que el Constitucional ratifique la nulidad 

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, se ha referido al auto del Tribunal Supremo y se ha mostrado confiada en que el Tribunal Constitucional "confirme la nulidad" de dichas medidas.

En rueda de prensa, Maestre ha avisado además de que en el caso de que se confirme la inconstitucionalidad de los artículos que el Supremo pone en duda, se va a tener que "compensar" a los trabajadores afectados con "una cantidad importante", además de que "se abriría un debate a nivel nacional y podría afectar a medidas de ajuste de otras comunidades autónomas".

Para Maestre, esta decisión del Supremo llega "después de un periodo larguísimo para los afectados, que han sufrido en sus carnes las consecuencias de los ajustes de este Gobierno".

"Es un verdadero alivio para muchos trabajadores que han visto mermados sus derechos por un Gobierno de recortes y de retrocesos en los derechos laborales", ha dicho.

Ha indicado además que este auto se suma "a un cúmulo de varapalos jurídicos contra este Gobierno", al tiempo que ha lamentado que "para los próximos gobiernos esta decisión dejará una verdadera herencia a modo de pufo legal que habrá que resolver".

La socialista ha insistido en que "ojalá se confirme la nulidad, se restauren los derechos de los trabajadores y a partir del día 24 de mayo esto solo sea un mal sueño de los empleados públicos de la región".

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