Más problemas para Díaz: tiene que paralizar la adjudicación de la mina de Aznalcóllar tras un auto judicial

En un auto fechado el pasado día 7 de mayo, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del atestado elaborado por la UDEF, "se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante", como es la empresa Emérita Resources España SLU --finalista en el concurso minero--.

Al hilo de ello, la magistrada instructora asevera que "no se aprecia" que la entidad Minorbis-Grupo México "cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación", tal y como adelanta en su edición de este miércoles el rotativo 'El Mundo'.

La juez dice que en el Decreto-Ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, "se adoptan dos medidas, con carácter de urgencia, dirigidas a garantizar que la explotación del complejo minero de Aznalcóllar se lleve a cabo por la empresa minera que ofrezca las mejores condiciones científicas, técnicas, de seguridad y ambientales, y las mayores ventajas económicas y sociales".

"A cada una de las medidas se dedica un Título", pone de manifiesto la juez, que asevera que, frente a ello, "no se observa, en cambio, el más mínimo rigor en la actuación de la administración", y ello "pese a tratarse de la misma explotación minera donde se registró el desastre del vertido ecológico en el año 1998".

La juez dice que también "debe aclararse la posible vulneración" del artículo 45 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y que prevé la suspensión del expediente de tramitación una vez interpuesto el recurso en materia de contratación.


Paralizado el proyecto

La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones, Susana Díaz, ha dado instrucciones a primera hora al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en funciones, José Sánchez Maldonado, y a los servicios jurídicos de la administración autonómica para paralizar la adjudicación de la mina.

Así lo ha anunciado la propia Díaz en declaraciones a los periodistas durante un paseo electoral por el barrio onubense de Isla Chica en las que ha querido dejar claro que "todo el procedimiento ha contado con la Intervención de la Junta de la Andalucía y los servicios jurídicos" de la administración.

Del mismo modo, ha remarcado que "siempre se ha buscado el máximo de transparencia" pero "ante cualquier sospecha que tenga un juez o impedimento" sobre cualquier procedimiento de la Junta de Andalucía "haré lo que he hecho hoy", es decir, "mandatar al consejero de Economía, que junto con los servicios jurídicos, paralice cualquier concesión que esté bajo sospecha de cualquier juez".