13 son las medidas que deberá cumplir el futuro gobierno de Castilla-La Mancha. Al menos, en lo que han acordado PSOE y Podemos. El documento recoge unas líneas básicas que, sin embargo, aún habría que desarrollar y, sobre todo, presupuestar. Algo complicado en los primeros meses de una legislatura que se inicia pasado más de medio año de ejercicio económico, el de 2015.
El primer punto es el llamado Procedimiento de Emergencia Ciudadana (PEC). Y es el primero en todos los sentidos porque Podemos y PSOE apuestan por su aplicación de forma inmediata. Se trata de habilitar una dotación presupuestaria extraordinaria con tramitación de urgencia de las Ayudas de Emergencia Social. Y además, se agilizarán los procedimientos administrativos para que los beneficiarios puedan percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad (o IMS).
Ambos tendrían especial dotación en recursos humanos y materiales para su tramitación y serían los primeros pagos a efecturar tras el correspondiente a las nóminas de los empleados públicos.
En segundo lugar, ambas formaciones políticas priorizarán un segundo 'rescate'. El llamado Plan de Rescate Habitacional que contempla los mecanismos necesarios para asegurar que no se producirán desahucios sin que la administración haya intermediado para dar una alternativa. El alquiler social no podrá superar el 30% del ingreso familiar y se contemplará otras formas de posesión como el uso de la vivienda a cambio del mantenimiento y mejora de la vivienda.
El acuerdo también recoge una Ley de Sobreendeudamiento que haría efectiva la dación en pago o las quitas de las deudas hipotecarias tanto para familias como para pymes y autónomos (después de reconocerlos como consumidores). Esta ley recoge la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado y ajustar la deuda al valor actual del inmueble y no al precio de la época de la burbuja. Esta práctica supondría una dación en pago con carácter retroactivo.
Podemos y PSOE se comprometen, por otro lado, a instar al Gobierno central a retirar cualquier obstáculo que las actuales Leyes Concursales pudieran suponer para esta norma.
La llegada de nuevos actores al Gobierno regional requerirá, a juicio de PSOE y Podemos una Auditoría pública y la puesta en marcha de la Ley de Auditoria Ciudadana de la Deuda que traería consigo la creación de un órgano de fiscalización externo (Cámara de Cuentas). Una auditoría pública cuyo control se abrirá a colectivos sociales y profesionales sin ninguna vinculación en el organismo objeto de estudio.
Esta auditoría tiene fecha. La foto fija debe estar terminada antes del mes de agosto y se ampliará a finales de año.
Un Plan de Recuperación de Servicios Externalizados
Las formaciones de izquierdas proponen paralizar todos los planes de privatización los servicios dependientes de la Junta de Castilla-La Mancha para lo que se revisarán todos los procesos privatizadores, especialmente aquel que tiene que ver con la sanidad. De hecho, la idea es practicar una auditoría en los servicios sanitarios castellano-manchegos.
El objetivo: defender el carácter público de los servicios regionales tanto en la titularidad como en la gestión.
Dentro los planes a poner en marcha, se habilitará un Plan Integral de Lucha contra la Desigualdad Social. La prioridad presupuestaria estará en la la asignación de recursos para afrontar la pobreza infantil, especialmente la malnutrición de los más pequeños. Algo que se llevaría a cabo reforzando los servicios de comedor en las escuelas y aumentando el número de plazas gratuitas con servicios de comedor.
Tendrá una primera dotación anual de 500 millones de euros aunque se habla de los presupuestos correspondientes a 2016. Entre las medidas se contempla la reforma del Ingreso Mínimo de Solidaridad y las Ayudas de Emergencia Social, la recuperación del empleo público en Educación y Sanidad así como el acceso "universal e igualitario" a los servicios sanitarios.
Recuperar el carácter público de los suministros de gas y electricidad
También se pondrá en marcha un Plan Regional contra la Pobreza Energética que contempla la recuperación del carácter público de los suministros de electricidad y gas y la prohibición de cortar estos servicios cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad.
Ley de Dependencia
Uno de los aspectos controvertidos de la legislatura que termina ha sido el relacionado con la aplicación de la Ley de Dependencia en la región. Ha sido una de las principales apuestas del programa electoral de ambas formaciones que ahora se traduciría en la derogación inmediata del Decreto 26/2013, de 23 de marzo de 2013 que se sustituiría por la elaboración progresiva del PIA (Plan Individualizado de Atención) para las más de 27.000 personas que se encuentran en "el limbo de la dependencia". En el plazo de un año, todos los expedientes de Dependencia acumulados serían tramitados.
Reforma Tributaria Autonómica
El nuevo gobierno realizaría una reforma tributaria que contemple el incremento en la progresividad del Impuesto sobre el patrimonio, el tramo autonómico del IRPF y el Impuesto de sucesiones y donaciones.
En el impuesto de patrimonio se reducirá el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros frente a los 700.000 aplicables de manera general. Por parte del IRPF, el impuesto se reducirá para las rentas inferiores a 25.000 euros, se suavizará para las que se comprenden entre los 25.000 y los 50.000 euros y se aumentará para las superiores a esta cifra.
Respecto al impuesto de donaciones, se eliminarán las bonificaciones que no tienen en cuenta la renta ni el patrimonio previo. Estos cambios, opinión de PSOE y Podemos, se deben coordinar con las distintas Comunidades Autónomas "para evitar la competencia fiscal".
Ley de Transparencia y Buen Gobierno
Otro de los hitos del acuerdo pasa por garantizar el acceso real de la ciudadanía a la información disponible por la administración pública a través de una Web de Transparencia Institucional.
La declaración de Bienes, rentas y actividades de todos los cargos públicos, así como de sus gastos de representación y publicaciones de agendas será obligatoria junto a una publicación mensual de la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades.
El acuerdo contempla también la "regulación de la acción de los lobbies con la máxima transparencia" y evitar las llamadas "puertas giratorias" de políticos hacia la actividad privada.
Además se limitaría "drásticamente" el número de altos cargos políticos, contratos de alta dirección, contratos mercantiles y de libre designación de las consejerías y el sector público
regional.
Finalmente se crearía una Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de las Cortes de Castilla-La Mancha, con capacidad para investigar y prevenir prácticas de corrupción.
Una reforma en la contratación pública
Se cambiaría la forma de contratación de la Junta castellano-manchega y sus empresas o entidades vinculadas. De hecho, se centralizará en una sola oficina la contratación de los bienes, obras y servicios de toda la Administración Regional.
Ley de Participación Ciudadana
Esta ley debe incluir la recuperación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) e impulsar la Petición Legislativa Popular (donde la ciudadanía se limita a establecer los objetivos), la Acción Legislativa Popular, que vendría ser una versión avanzada de la ILP que concluye con una votación abierta y la Iniciativa de Oposición Popular (oposición ciudadana a determinadas normas que afectan directamente a un conjunto de la sociedad).
También se apuesta por promover el asociacionismo y articular los Consejos Ciudadanos en ámbitos sectoriales y trasversales (Consejo Regional de Pacientes, de estudiantes, de cultura...). Estos consejos deben tener visibilidad pública y reconocimiento como interlocutor clave por parte de la Comunidad Autónoma.
Por otro lado, la idea es desarrollar herramientas de democracia digital y aprobar estrategias de gobierno abierto en la administración autonómica para aumentar la transparencia y participación ciudadana.
Se modificará el Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha y se procederá a la creación simbólica de un escaño ciudadano. Se trata de canalizar las peticiones solicitadas por parte de la ciudadanía a través de la vía parlamentaria para que puedan ser expuestas y defendidas de forma presencial en las Cortes.
Modificación del Estatuto de Autonomía
El nuevo Estatuto creen ambas formaciones de izquierdas, "no debe ser, en ningún caso, el resultado de las propuestas exclusivas de una formación política, sino el resultado de un proceso constituyente que implique al conjunto de la ciudadanía".
Entre los cambios: profundizar en el autogobierno, promover una financiación basada en la solidaridad y ser refrendado en un referéndum.
También sería socialmente consensuada una reforma de la Ley Electoral que contemple la circunscripción regional como forma de asegurar una verdadera representación democrática.
Además,se propone la supresión de los aforamientos como parte de la modificación del Estatuto de Autonomía tanto de los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha como de diputados regionales para todas aquellas cuestiones que no estén relacionadas con el desempeño de sus funciones.
Recuperar el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico y Social y la Sindicatura
Creación y recuperación de órganos externos de control al Gobierno como el Defensor del Pueblo, el Consejo Económico Social y la Cámara o sindicatura de Cuentas.
La reforma también contemplará la dedicación exclusiva del titular de la presidencia de Castilla-La Mancha y la supresión de los aforamientos.
El último punto se centra en un acuerdo institucional que recoge la creación de una comisión de seguimiento y de un observatorio ciudadano regional que impulsará políticas de regeneración democrática y participación ciudadana.
Además, se propone una revisión de los senadores autonómicos que corresponden a la región de manera inmediata.
Los diputados tendrían sueldo pero, antes de septiembre, deberá estar definido su salario. En este sentido se propone un acuerdo institucional para garantizar un salario base neto, nunca superior a tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a los y las diputadas de base de las Cortes de Castilla-La Mancha con declaración explicita y formal de dedicación exclusiva a las funciones
Garantizar la independencia de la RTVCM
También se propone un acuerdo institucional en base a criterios de profesionalidad, pluralidad y participación de los y las trabajadores en los órganos de gestión y dirección antes de que termine el año 2015 en el ente público que agrupa a la radio y a la televisión de la región.
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