T.G.R. es uno de los cuatro vecinos de una aldea situada entre Lugo y Orense que hace quince años decidió instalarse en ese pueblo abandonado que no contaba con ningún tipo de servicios. Hoy tiene cubiertas todas sus necesidades y entre ellas la eléctrica, gracias a un tendido de 3,6 kilómetros que hace doce años la compañía eléctrica de turno instaló a petición de los tres vecinos que ya habitaban ese municipio. Amortizar esa inversión no se conseguiría con los actuales niveles de consumo ni trascurridos tres mil años y no es previsible que el municipio gallego se convierta en una urbe que justifique la inversión realizada.
El caso que puede parecer extremo, se repite no solo en zonas rurales sino que la geografía urbana e industrial está repleta de casos similares y viene a colación ante el “debate” de una sola dirección originado por la publicación del borrador de Real Decreto que, una vez aprobado, gravará a quienes produzcan energía a la vez que se dejará de retribuir a los particulares que viertan su excedente a la red, que no a las empresas.
El texto presentado por el Gobierno a la CNMC ha merecido un rechazo generalizado por parte de partidos políticos y organizaciones defensoras de las energías renovables por entender que obstaculiza de facto el derecho a autoproducir energía en contra de lo que afirma en la exposición de motivos.
El autoconsumo eléctrico ha saltado a la palestra política, trasladándose a la calle con un relato unidireccional y escasamente plural, debido, quizá, a la mala fama que goza el sector eléctrico español y que se la ha ganado a pulso a lo largo de décadas de denodado esfuerzo.
La decisión del gobierno de preparar tasas que graven el autoconsumo, en lo que se conoce como “impuesto al sol”, junto con las iniciativas de diversos partidos políticos, que incluyen el tema en sus programas electorales, y la salida al mercado de la Pila de Tesla, con promesa de autosuficiencia eléctrica durante diez años, han caldeando en las últimas semanas un debate lleno de aristas.
El autoconsumo eléctrico, consistente en generar tu propia energía mediante paneles solares, es una idea que cala bien en la sociedad, pues se percibe como un fomento de las energías renovables, una democratización del suministro y como una forma de escapar del oligopolio de las compañías eléctricas.
Dejando a un lado cuestiones de precio de las instalaciones fotovoltaicas, de su eficiencia energética y del coste del kilovatio que generan y pasando por alto la evidencia de que el sol no luce todos los días ni a todas horas, hay cuestiones de fondo que no convienen olvidar cuando se habla de autoconsumo eléctrico. Tradicionalmente, se ha criticado con dureza y con razón, el oscurantismo de la reforma energética emprendida por el actual gobierno, aunque ello no suponga negar el hecho de que el sistema eléctrico español es un sistema solidario, aunque a algunos les suene inaudita la definición.
El hecho cierto es que entre todos pagamos para que la electricidad nos llegue a todos. Es así. Las compañías eléctricas están obligadas por ley a llevar el suministro a cualquier promoción de viviendas en el extrarradio de cualquier ciudad, aunque luego no se venda ni un piso ni se cobre una factura. Y por esa obligación cobran una determinada remuneración que se paga a través de la tarifa eléctrica de cada abonado, mediante una estructura de costes fijos y variables.
Desconectarse de la red eléctrica significa que los que siguen conectados pagarán más para mantener en funcionamiento el sistema, pues deben asumir la parte de los que se desconectan de ella. De ahí, lo de la solidaridad. De ahí, que la idea de un “impuesto al sol” en forma de gravamen a los que opten por el autoconsumo y rompan el equilibrio entre costes fijos y variables del sistema, no tenga que ser necesariamente una idea descabellada, ni tampoco una sumisión a las presiones de las compañías eléctricas.
El autoconsumo eléctrico no es malo, e incluso puede ser el impulsor de importantes innovaciones tecnológicas. Pero no cae en un erial, sino en un sistema organizado y solidario que garantiza el suministro a todos, que no se puede romper o desequilibrar por las buenas y que debe ser compensado si ese desajuste se produce.
Si no hay “impuesto al sol”, a la postre los clientes conectados al sistema terminarán pagando lo que dejan de aportar los que optan por los paneles fotovoltaicos y pretenden excluirse del sistema. Más que “impuesto al sol” de lo que se trata es de una tasa de solidaridad que evita que unos paguen por otros.
Hasta que no se demuestre lo contrario, el modelo eléctrico actual, con todas sus pegas, ineficiencias y abusos, garantiza el acceso universal a la electricidad y con todas sus necesidades de mejora, parece lógico que sea preservado por muy bonito que quede aquello de que “la revolución consiste en desenchufarse y asociarse definitivamente al sol”.
Carlos Díaz Güell es editor de tendenciasdeldinero.com
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