Así lo ha confirmado el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, quien ha indicado que la "clave" ha sido que la Tesorería de la Seguridad Social, que hasta ahora no era partidaria de paralizar el lanzamiento "viniera y viera las condiciones de vida" de los vecinos.
A partir de ahora la Consejería de Bienestar Social evaluará los casos uno a uno para programar un realojo, lo que irá aparejado a un proyecto global por el empleo para los afectados.
El portavoz de los vecinos, Victoriano Jiménez, ha indicado a los medios que esta era la solución que querían, y que ahora todas las partes están de acuerdo. Desde primera hora de la mañana han estado presentes en el asentamiento el director general de Acción Social, Ramón Lara; varios dirigentes de Podemos, encabezados por su secretario general, José García Molina; el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás; y representantes de la Asociación Llere, que trabaja con los vecinos de El Cavero.
El Gobierno regional espera que prime el sentido común
El Gobierno de Castilla-La Mancha confía en que en torno al desalojo del asentamiento ilegal de El Cavero de Olías del Rey (Toledo) "prime el sentido común" y el respeto a las personas y la ciudadanía".
Así lo ha indicado, a preguntas de los medios, el portavoz del Ejecutivo, Nacho Hernando, que ha criticado que este "conflicto" se podría "haber resuelto con anterioridad" ya que el Gobierno del Partido Popular "conocía este problema en marzo" y, sin embargo, "no se había dado una solución digna".
Hernando ha señalado que el Ejecutivo actual lleva un mes y "desde el primer momento" sabía que este día "se podría producir un levantamiento" por lo que no entiende que el Gobierno del PP, que conocía desde hace meses el problema, el alcalde del PP en Olías "que lo sabía hace 20 años", y la Tesorería, que también lo conocía "desde hace meses", no hayan aportado una solución.