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ASAJA Cuenca exige garantías para el desarrollo de la actividad profesional agraria 'con o sin ATC'
(Foto: Diariocrítico de Castilla-La Mancha)

ASAJA Cuenca exige garantías para el desarrollo de la actividad profesional agraria "con o sin ATC"

miércoles 29 de julio de 2015, 12:13h
ASAJA Cuenca ha dado su opinión en torno al futuro del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos cuya instalación está prevista en Villar de Cañas (Cuenca). Tras la luz verde a la instalación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la iniciativa del Gobierno castellano-manchego para bloquear el proyecto en la provincia, los agricultores conquensen piden que sea cual sea la opción definitiva "se garantice el desarrollo de la actividad profesional de los agricultores afectados".


ASAJA Cuenca dice que en caso de que finalmente se instalara el ATC, la comunidad científica internacional deberá afianzar la seguridad de los cultivos de la zona, su normal desarrollo y, como consecuencia, la viabilidad de las explotaciones de los afectados.

Si por el contrario se amplía el espacio de la Red Natura reconocido en la Laguna del Hito, en Cuenca, de 1.000 a 25.000 hectáreas protegidas, según la iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha, ASAJA Cuenca también exige medidas que compensen el esfuerzo de los agricultores pues, explican, "si quien contamina paga, quien conserva debe cobrar".

De este modo, el presidente de la organización agraria, José María Fresneda, expone que “no entrará en el debate político o mediático, pero sí lo hará para defender los intereses de los agricultores y ganaderos afectados por la zona, independientemente de si se instala o no finalmente el cementerio nuclear”, como así se lo manifestó en marzo de 2010 a la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, a la Administración y a otras entidades implicadas.

En cualquier caso, todo sobrecoste generado al agricultor o ganadero por afecciones en el desarrollo normal de los cultivos o por limitaciones medioambientales debe ser compensado.

Las prohibiciones o dificultades en la actividad pueden limitar el derecho de todo agricultor y ganadero a decidir libremente sobre la disposición de su explotación en atención a los mercados y a las coyunturas económicas existentes en cada momento, por lo que se tienen que prever indemnizaciones ante cualquier hecho que frene la actividad y la viabilidad de las explotaciones.
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