La concesionaria solicitaba el reequilibrio económico y financiero de la concesión por los perjuicios económicos financieros que le habría provocado, entre otras causas, la no construcción de la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba como prolongación de la autopista Madrid-Toledo hacia el sur.
Los tribunales reconocieron el derecho de la autopista a lograr un reequilibrio financiero. Según el estudio elaborado por el departamento que dirige Ana Pastor, el tráfico adicional que hipotéticamente hubiera sido captado por la autopista Madrid-Toledo de haberse completado hasta Córdoba se puede evaluar en el 12,68 % del tráfico de la autovía libre de peaje A-4 entre Madrid y Córdoba.
Por ello, y tras cuatro autos del Tribunal Supremo, Fomento ha decidido abonar a la concesionaria un máximo de 140 millones de euros hasta 2045 que empezarán a devengar desde 2015. La autopista de peaje entre Madrid-Toledo (AP-41) solicitó el mayo de 2012 el concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus obligaciones financieras y ante la caída del tráfico.
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