Los partidos de la oposición cargan contra el PP por la reforma del Tribunal Constitucional

El secretario de acción política y ciudadana del PSOE, Patxi López, ha acusado al PP de hacer una "utilización partidaria de las instituciones", de "deslealtad" e "irresponsabilidad" por la reforma express del Tribunal Constitucional, al tiempo que ha asegurado que su partido no va a apoyar la reforma.

En opinión de Patxi López, la ley que rige el Tribunal Constitucional forma parte de la base fundamental del sistema democrático y la reforma que plantea el PP conlleva "irregularidades legales" porque no cuenta con los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Para los socialistas, lo que pretende el PP es hacer campaña electoral porque la reforma la ha presentado su candidato en Cataluña, Xavier García Albiol y consideran que los 'populares' no tienen ninguna intención de sentarse a negociar esta reforma.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado la forma de actuar del PP, mediante "amenazas", ante el debate soberanista, en alusión a la propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional para sancionar e incluso suspender de funciones a quienes incumplan sus sentencias. Iglesias ha subrayado que su formación prefiere "apostar por la hermandad, por la fraternidad entre los diferentes pueblos que componen un país que nosotros entendemos como plurinacional".

A su juicio, "las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país se entiendan", y por ello "nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo atendiendo a las diferencias que hay en la manera de sentirse de muchos ciudadanos de nuestro país", ha enfatizado. También ha atacado lo que ha definido como "frentismo de la corrupción", encabezado "sea por Rajoy, sea por Mas", y que a su juicio "significa lo mismo, separar a los ciudadanos", algo que ha contrapuesto con la apuesta de Podemos por la "fraternidad".

La vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, ha rechazado la propuesta del PP de reformar el TC para que pueda suspender a funcionarios y gobernantes que incumplan sus sentencias porque es electoralista y "parece tener un claro carácter inconstitucional".

Munté ha matizado que aún debe estudiar la proposición de ley cuando se sepa al detalle, pero se ha preguntado cómo se pretende suspender a un gobernante sólo aplicando una ley --si prospera la reforma del PP-- en vez de suspenderle únicamente si hay una sentencia firme.

La número 2 del Govern ha insistido en que el PP reacciona al proceso soberanista con "represión, endurecimiento de multas y posible suspensión de funciones" desde el TC, cuando es el Estado el que está incumpliendo sentencias. Según ella, el Estado "incumple desde hace años" decisiones del TC, y ha puesto como ejemplo que 11 sentencias del TC de los últimos ocho años dan la razón a la Generalitat sobre competencias de servicios sociales, como el 0,7% del IRPF, por lo que lamenta que los ciudadanos sufran las consecuencias de estos incumplimientos. "No nos sentimos, como Govern, aludidos por este clamor del Gobierno central cuando habla de incumplimientos de sentencias", ha añadido.

El secretario general de Unió, Ramón Espadaler, ha advertido de que el PP "debería aplicarse a sí mismo" su propuesta de suspender a gobiernos que incumplan sentencias del TC, y le ha reclamado dialogar sobre el proceso soberanista en vez de reformas como ésta, que considera oportunista por la cercanía de las elecciones catalanas.

Espadaler ha dicho que el Gobierno popular es "el primero que está incumpliendo sentencias del TC", y ha puesto como ejemplos incumplimientos sobre formación ocupacional, políticas activas de empleo, financiación, aunque asegura que la lista es muy larga y que afecta a Catalunya y el resto de autonomías. También ha reprochado al PP que "va de un lado a otro: hace tres semanas proponía reformar la Constitución", mientras que ahora la frena y apuesta por reformar el TC.

Ha tachado esta proposición de ley de oportunista y electoralista porque "no da respuesta al problema real, que se resuelve buscando alternativas desde el diálogo, no la imposición".

El portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha denunciado que la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional es "el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978". "Si nos quieren a todos delante de los tribunales iremos, pero defenderemos nuestra patria, que es Cataluña, y nuestra libertad", ha avisado el portavoz de CDC en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras afirmar que el 27 de septiembre Cataluña celebrará "elecciones plebiscitarias".

Cleries, que ha tachado esta medida de electoralista, ha denunciado que se trata de "un ataque a la democracia en toda regla", que busca "que el Tribunal Constitucional pueda suspenderlo todo". "Estamos viendo como en el Estado español la calidad democrática está empobreciendo día a día. Es más importante lo que opine un tribunal que lo que opine un pueblo entero", ha lamentado.

"En Cataluña millones de personas estamos reclamando poder decidir nuestro futuro y quieren impedirlo, pero el 27 de septiembre tendremos unas elecciones plebiscitarias donde el president Mas se va a presentar y el mandato democrático que nos dé el pueblo de Cataluña lo seguiremos y lo seguirá el president Mas", ha advertido. En este sentido, ha refirmado que su formación tiene intención de defender el próximo día 27 de septiembre y tras los comicios "el derecho de decidir" su futuro "para una nación que viva en democracia". "No como este Estado, que con el Gobierno del PP está empobreciéndose democráticamente día a día", ha apostillado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha tachado de "chapuza" y "disparate" la reforma exprés del Tribunal Constitucional y ha señalado que precisamente es el Gobierno del PP el "campeón de los incumplimientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional". En este sentido, ha aconsejado al Ejecutivo "mirarse en el espejo" antes de hablar de sentencias incumplidas.

A su juicio, lanzar ahora esta reforma es una "una chapuza legislativa y un atropello" porque, al plantearse como proposición de ley en vez de proyecto de ley del Gobierno, supone cambiar el Tribunal Constitucional sin contar con los informes de los órganos consultivos (Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial).

Además, ha subrayado que el Tribunal Constitucional carece de capacidad sancionadora de acuerdo a la Constitución y por ello considera que, para dotar al TC de la posibilidad de multar e incluso suspender a funcionarios y autoridades, antes sería necesario reformar la Carta Magna.

Por último, Aitor Esteban ha criticado lo que considera "un disparte" y ha recordado al PP y al Gobierno que "la vía de la confrontación no sirve para nada", más bien "es precisamente la que ha llevado a Cataluña al escenario actual".