Así lo ha avanzado el titular del Ejecutivo regional en una entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha asegurado que su Gobierno aportará a dicho convenio cerca de un millón de euros.
Emiliano García-Page, que ha dicho que este convenio demuestra la colaboración institucional, ha destacado que los descuentos de los que se beneficiarán los jóvenes castellano-manchegos podrían rondar el 70 por ciento.
Precisamente, la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha avanzado que cerca de 3.700 jóvenes de Castilla-La Mancha que trabajan o estudian en Madrid se van a beneficiar de descuentos en el precio del Abono de Transportes de esta comunidad, en base al convenio de colaboración que el Gobierno regional última con su homólogo madrileño y que podría ser efectivo a partir del 1 de octubre.
En rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno de la presente semana, la consejera ha denunciado que este convenio llevaba dos años sin firmarse y que el anterior Ejecutivo del PP acumulaba una deuda con la Comunidad de Madrid de 13 millones de euros.
Este nuevo acuerdo, que "supone un esfuerzo económico para el Gobierno de Castilla-La Mancha" que aportará 1,3 millones de euros anuales, supondría un ahorro de 58 euros al mes en el Abono E-1 y de 77,4 euros en el caso del E-2, ha explicado la consejera, de tal modo que solo pagarían 20 euros al mes.
Este ahorro sería de 698 anuales en el caso del abono E-1, que tendría un radio de vigencia de 59 kilómetros para los usuarios, y de 928 euros, en el caso del E-2, cuyo radio de acción se extiende a 85 kilómetros, incluyendo a ciudades como Guadalajara, Azuqueca de Henares, Illescas, Tarancón o Toledo, entre otras.
La consejera de Fomento, que se ha mostrado convencida de que este acuerdo se podrá rubricar en "próximos días", ha indicado que ha de pasar por el Consejo de Gobierno y por las Cortes antes de entrar en vigor.
El convenio sanitario es "distinto"
Preguntado por el convenio sanitario con esta Comunidad, que Castilla-La Mancha estudia anular, Page ha indicado que ese otro acuerdo es "distinto", pues "si un ciudadano de Toledo tiene que ser atendido en otra Comunidad Autónoma lo tiene que ser como español".
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