No se había recuperado
Manuela Carmena de la resaca electoral que la auparía días después a la Alcaldía de Madrid cuando se abrió fuego político contra su formación,
Ahora Madrid. En la red social Twitter resucitaban mensajes muy desafortunados de algunos de sus compañeros de lista (
Pablo Soto, Jorge García Castaño y, sobre todo,
Guillermo Zapata), en algunos casos, de tiempos anteriores a su ejercicio de la política activa. El caso más grave fue el de Zapata, actual edil de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, por sus mensajes xenófobos, lo que le costaría
una imputación en la Audiencia Nacional y
la dimisión como responsable de Cultura, aunque no su cabeza, como pedía parte de la oposición. Algo parecido ocurrió con la portavoz,
Rita Maestre, protagonista de un incidente en la capilla de la Universidad Complutense años atrás, en la que mediaron insultos y manifestaciones anticlericales en un supuesto 'top-less', y que le puede reportar hasta
un año de cárcel.
Algunos en la formación pensaban que era el miedo inicial de los medios y los partidos tradicionales al cambio político. Se equivocaron. La legislatura iba a ser como la tortura de la gota malaya. Tras unas tensas negociaciones en las que Aguirre ofreció el '
trono municipal' a Ciudadanos y PSOE con tal de evitar que gobernase Ahora Madrid con su bolivarianismo y sus 'soviets',
Carmena se hizo con el bastón de mando, con permiso (al parecer, contra su voluntad) de
Antonio Miguel Carmona (entonces portavoz socialista y luego
defenestrado por la Ejecutiva federal de su partido, empeñada en borrar el rastro de
Tomás Gómez de la región), que actuaría de regulador político del programa de la antigua magistrada. Un programa que saltaba por los aires a los pocos días del inicio de la legislatura, cuando Carmena aseguraba que su contrato con los ciudadanos era tan solo un cúmulo de propuestas que no representaban un compromiso. De hecho, pronto se deshacía de hipotecas políticas como
el banco público o las cooperativas de limpieza en colegios.
Los problemas iniciales de comunicación, la inexperiencia política de la mayoría de los ediles y las inercias propias de una administración gobernada 25 años por un partido de tendencia totalmente contraria provocaron unos inicios al ralentí. El equipo de Gobierno se bunkerizó, esperando que pasase el temporal. El problema es que en Madrid siempre hay tormenta política, interna y externa. En el primer caso, el Gobierno tardó casi un mes en 'limpiar' la administración y las empresas públicas de cargos a dedo (especialmente, Madrid Destino, la empresa más opaca y llena de directivos de confianza del Consistorio). Mientras tanto, se hacía una labor de empoderamiento de los funcionarios, buscando voluntarios para ofrecer ideas y participar en departamentos como el de Participación o el de Comunicación.
El Gobierno municipal también fue señalado por el nombramiento de familiares de concejales. Comenzó por
Luis Cueto, coordinador general de Alcaldía y sobrino de Carmena, además de funcionario del Estado de alto rango especializado en estas lides. Luego vendrían la pareja de Pablo Soto, concejal de Participación, y
el padre de Rita Maestre,
Luis Maestre, que fue ascendido a subdirector de la Agencia Tributaria de Madrid. Además, en el primer pleno municipal de la nueva legislatura, hubo fuertes enfrentamientos por la proposición popular de condena a los encarcelamientos en Venezuela, que acabaron con los ediles de Ahora Madrid votando de forma dispar.
La presión arreció al crear el departamento de comunicación municipal
la web 'Versión Original', para realizar desmentidos a los medios de comunicación. El debate y el enfrentamiento con la prensa llevaron a Carmena, Carmona y Maestre a un aluvión de desautorizaciones mutuas que atenuó en buena parte el objetivo del portal. La primera gasolina de dicho incendio fue una declaración del concejal de Economía,
Carlos Sánchez, que planteó estudiar la posibilidad de establecer
una tasa turística y otra a los bancos por los cajeros automáticos. A nivel fiscal, la oposición impuso a Carmena un debate sobre la
bajada del IBI, a la que, a priori, era contraria, aunque luego planteó con criterios de progresividad (actuando sobre los más ricos). Se aprobó
una auditoría de la segunda legislatura de
Alberto Ruiz-Gallardón y la de
Ana Botella para establecer si había habido pagos irregulares o desproporcionados (se denunció contratación irregular por parte de Mercamadrid en un confuso acuerdo con
Merca Ocio de alquiler de locales), y Sánchez llegó a plantear que buena parte de la
deuda municipal era ilegítima, empezando por la obra de la M-30. También saltó por los aires el callejero con el anuncio de estudio de aplicación de la
Ley de Memoria Histórica por parte de Maestre. En ese magma, se debatió el cambio de nombre de la plaza de Vázquez de Mella, por
plaza de Pedro Zerolo, en honor al concejal socialista y activista de los derechos del colectivo LGTBI, con la oposición de los carlistas.
Los desahucios no pararon en los primeros días de gobierno, aunque pronto se impuso un éxito, a juicio municipal, sobre la situación. La creación de la
Oficina de Intermediación Hipotecaria, de cara a la negociación con entidades bancarias, redujo a cero los lanzamientos de esta naturaleza. La EMVS pasó a la órbita de lo social, por encima de lo urbanístico. La entidad garantizó que sus inquilinos no serían desahuciados y tuvo que dar su primer do de pecho atendiendo a los habitantes de dos bloques de viviendas (en
Carabanchel y
Tetuán), que se vinieron abajo por sus deficiencias constructivas, no detectadas por la Inspección Técnica de Edificios. Esta situación aceleró otra promesa: la de revisar y endurecer la normativa de ITE, con el objetivo de prevenir este tipo de sucesos. El concejal de Desarrollo Urbano,
José Manuel Calvo, frenaba en seco la continuación del nuevo plan general de ordenación urbana y manifestaba cautela con respecto los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad. El Consistorio se enfrentaba, además, al todopoderoso grupo empresarial chino Wanda, que quiere construir
una réplica del Edificio España, con el argumento de los costes de la reforma planteada por el Gobierno municipal y el penoso estado del inmueble. La concejalía de Equidad, dirigida por
Marta Higueras, bajo la supervisión directa de Carmena, puso en marcha las operaciones para censar realmente a los niños en situación de
malnutrición en la ciudad y garantizó la alimentación entre los afectados ya detectados por los servicios sociales.
Junto a la Cañada Real, una ciudad sin ley dentro de la capital, un vertedero ilegal convertía el incendio de un coche robado en
un fuego inabarcable que duró 15 días, mantuvo sin dormir a Vallecas y Rivas-Vaciamadrid, y para el que a punto estuvo de tener que intervenir el ejército. El supuesto dueño del terreno acabó detenido y multado, y el Consistorio se comprometió a entrar a fondo en la reorganización del parque de Valdemingómez y sus alrededores, así como estableció puentes de
diálogo con el Consistorio ripense para resolver las querellas históricas que han mantenido ambas ciudades. Era solo el preludio de las hogueras que estaban por venir en la Concejalía de Medio Ambiente: el pulso con las contratas de limpieza para
readmitir a los despedidos y
recuperar el nivel de limpieza de la ciudad, los inicios de la durísima negociación que se vislumbra en el horizonte con los nuevos contratos de recogida de basuras y la articulación de una negociación colectiva en la EMT.
Mientras tanto, la Unión Europea urgía a Madrid con el plan de calidad del aire y el Consistorio le contentaba con el
Área de Prioridad Residencial de Ópera, con aplauso vecinal y oposición de los visitantes ocasionales, y su ampliación al resto del distrito Centro durante la legislatura. También Inés Sabanés, concejala de Medio Ambiente, anunciaba una drástica
reducción de los umbrales de polución necesarios para empezar a tomar medidas sobre el tráfico, después de numerosos y continuados días con los indicadores de
ozono por las nubes.
En Ifema, la entrada de
Luis Cueto destrozó la estructura que se había hecho fuerte en la entidad ferial. Supuso la desaparición de José María Álvarez del Manzano del organigrama, el fin de los sueldos millonarios a políticos jubilados reconvertidos en ejecutivos y la creación de un mando rotatorio, con la aquiescencia regional y de los empresarios, para recuperar su pujanza en el ámbito internacional. También se planteó una vuelta de tuerca en Mercamadrid y un pleno monográfico proyectó la transformación de la
Agencia de Empleo.
Pablo Soto puso los primeros ladrillos de la nueva política municipal de transparencia y participación, condicionada por el cumplimiento de la ley del ramo, que ha de estar implantada el 9 de diciembre. Se publicaron las agendas de los concejales y se abrió
un foro de consultas y propuestas ciudadanas, y se anunció que parte del presupuesto sería de carácter participativo. Mientras, en Cultura,
Celia Mayer se enfrentaba con la oposición y con parte de su propio partido con el nombramiento de directivos de Madrid Destino y las tormentas torrenciales del mes de junio se cebaban con los libros de
la Biblioteca Histórica, lo que promovió la creación de una mesa de trabajo con expertos para abordar la enésima reforma de Conde Duque. También se puso sobre la mesa el debate de incluir a los centros sociales autogestionados y a colectivos okupas, como Patio Maravillas, en el circuito de servicios municipales, mediante la cesión de espacios públicos. En materia de seguridad se abordaba el problema de la Cañada y de la venta de
droga en el ensanche de Vallecas, mientras se pasaba por alto la renovación del contrato de arrendamiento de coches patrulla de la Policía Municipal.
Este jueves, con las Juntas de Distrito aún por constituir, unos presupuestos en manos de un PSOE partido en dos y unas elecciones generales a la vuelta de la esquina que pueden dinamitar el mapa de relaciones políticas, Carmena comparecerá ante los periodistas en rueda de prensa en el Consistorio por primera vez en tres meses para dar su versión de esta legislatura sin tregua que está viviendo Madrid.
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