Los Consejos Consultivos autonómicos son 'órganos auxiliares' que velan por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y emiten resoluciones que no tienen carácter vinculante, su composición y el gasto que suponen para las arcas públicas desataron la polémica sobre la necesidad de contar con estos organismos en todas las comunidades, más aún cuando, la mayoría de sus puestos son ocupados por ex altos cargos públicos, lo que convierte a estas instituciones en 'cementerios de políticos'. La Comunidad de Madrid ya ha aprobado el proyecto de supresión de su Consejo, y ahora el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confirmado que el Consejo Consultivo de la región se "suspenderá" de sus funciones a partir del 1 de enero de 2016 "por razones no sólo económicas, sino de homogeneidad de las normas de un país en el que existen 17 comunidades autónomas".
El Consejo Consultivo de Extremadura está integrado por consejeros electivos (5) y consejeros permanentes. Los electivos son designados entre juristas de reconocido prestigio que residan en la región extremeña y gocen de la condición política de extremeños con, al menos, diez años de experiencia profesional. Los permanentes son aquellos que hayan desempeñado, al menos un mandato completo, los cargos de: presidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Supremo, o presidentes de dicha región, de la Asamblea de Extremadura o del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este organismo supone un gasto de 1 .242.280 euros para las arcas públicas.
Vara ha comunicado "formalmente" al presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que a partir del 1 de enero los asuntos relacionados con las normas en la región serán enviados a este órgano porque "se suspenderá al Consejo Consultivo extremeño de sus funciones".
A este respecto, ha precisado que las razones que explican la "supresión" del Consejo Consultivo de Extremadura "no son solo económicas", sino "del profundo convencimiento de que hay cosas que a lo largo de los años las hemos hecho y no las hemos hecho bien".
Así, ha apuntado que quien "ampara" en España la unificación de la doctrina en la aplicación de las leyes es el Tribunal Supremo "una vez que éstas se aplican", pero que el Consejo de Estado "ejercía en España un papel fundamental que era unificar la doctrina antes de que se hagan las leyes, cuando se está en el proceso de elaboración".
Fernández Vara ha destacado la importancia de la "homogeneidad de las normas" y que "alguien tiene que homogeneizar el proceso antes de que las leyes se consoliden". "Si se hace solo después nos encontramos con lo que nos encontramos, no solo una judicialización absoluta de la vida pública, judicialización absoluta de todo", ha apuntado, a la vez que ha recalcado que "está todo judicializado" y que "es consecuencia" de que "algo" se ha "hecho mal", y que se está "recogiendo" lo que se ha "sembrado".
Ha reconocido que tiene "una visión de país en el que cabe la diversidad", la "pluralidad", el "plurilingüismo" o el "respeto por las culturas diferentes", pero que eso "no puede ser incompatible" en poner "un poquito de orden en la elaboración de las leyes".
Vara ha manifestado que fue un "error" dotar a las regiones en sus estatutos de autonomía de competencias limitadas, pero que "en cambio a las asambleas legislativas no se les puso ningún límite", por lo que se está legislando "sin límites sobre competencias que está limitadas" y ello ha provocado "un exceso de recursos y la necesidad del Tribunal Constitucional de estar poniendo un poquito de orden". Ha abogado por establecer en la reforma de la Constitución "un mecanismo previo que evitara que en los parlamentos autonómicos se esté legislando sin límites", porque, como ha añadido, un país se construye desde el Parlamento nacional en el que "reside la soberanía del pueblo español".
También se ha referido al mecanismo de elección de los representantes del Consejo General del Poder Judicial al señalar que los partidos políticos lo han hecho "muy mal" y "ya ni siquiera se consensúan los nombres", a lo que ha añadido que "eso no es el espíritu ni de la Constitución ni de la Transición". De esta manera, ha defendido que "sobre la justicia es necesario un pacto en España" que incluya también el cambio de estos procesos porque, de lo contrario, "se pierde la esencia fundamental de cualquier poder, la confianza de los ciudadanos".
Igualmente ha considerado que la inclusión de los abogados en el sistema sanitario era "una deuda pendiente" y se ha comprometido a llevar esta inclusión "al derecho positivo" en la reforma que está preparando la Administración autonómica para la universalización del sistema sanitario.
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