Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han explicado hoy en rueda de prensa que esta propuesta dotaría de este derecho subjetivo a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo y sin rentas (es decir, con ingresos inferiores a 5.800 euros al año por persona).

Esta prestación, destinada a 2.151.000 personas, requeriría una financiación de 11.000 millones de euros (el 1 % del PIB) vía presupuestos generales del Estado y que estaría vinculada a la Seguridad Social.

Los beneficiarios cobrarían indefinidamente en el tiempo esta ayuda mientras se mantuvieran esas menores rentas y la cantidad aumentaría en función del número de componentes de unidad familiar.

Al comienzo de la rueda de prensa previa a la jornada de presentación de la iniciativa, ambos líderes sindicales han trazado las primeras firmas de la ILP, seguidos por el secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo; y de la secretaria confedera de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.

El secretario general de CCOO ha explicado que el objetivo que se marcan ambos sindicatos es lograr recoger 500.000 firmas antes de que se lleven a cabo las próximas elecciones generales, de forma que sea la primera iniciativa que se vea en la próxima legislatura.

Han criticado la falta de interés mostrada por los grupos parlamentarios y por el propio Gobierno a la hora de tomar una medida similar para acabar con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.

"En sus manos estaba poner en marcha un proyecto de Ley que cubriera esta carencia de protección", ha remarcado Toxo, quien se ha mostrado en contra de la "falta de iniciativa en el campo político", lo que ha llevado a los sindicatos a buscar "el cauce democrático constitucional".

Méndez, por su parte, ha añadido que la recogida de firmas llega con retraso, porque "hasta el día de hoy no hemos podido disponer de los pliegos oficiales que debe proporcionar la junta electoral central para poder impulsar la ILP".

Ahora cuentan con periodo de nueve meses, ampliables por otros tres, para recoger el requisito mínimo de 500.000 firmas.

Toxo ha recordado que del total de parados registrados sólo el 20 % recibe la prestación por desempleo contributiva, mientras que el 35 %, percibe la asistencial, lo que supone que casi la mitad de los desempleados no cuenta con ningún tipo de renta.

Tampoco son suficientes las rentas complementarias que ofrecen las Comunidades Autónomas, ha señalado Méndez, que apenas dan cobertura a un total de 250.000 personas.

"España necesita una reformulación completa de su sistema de protección", ha remarcado Toxo, quien ha asegurado que la ILP "viene a cubrir lo que es la carencia extrema", la pobreza y la exclusión social que se ha visto agravada durante la crisis económica debido a la "brutal hemorragia de recortes sociales, aumento del paro, desigualdades y pobreza que han provocado los presupuestos generales de 2012 a 2015".

Han recordado que el 60 % de los parados son de larga duración, 757.700 hogares no tienen ingresos de ningún tipo y 1.800.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro, lo que les ha situación en la pobreza extrema.

Asimismo, han puesto de manifiesto que aunque el número de parados registrados es parecido al que había con derecho a protección por desempleo e 2011, el gasto en prestaciones es un 28 % menor.

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