En el encuentro ha vuelto a quedar clara la confrontación en las posiciones que mantiene el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha y el gobierno popular en el Ayuntamiento de Villar de Cañas.
Una reunión - convocada por segunda vez, ya que la primera se anuló- en la que la Junta ha vuelto ha reafirmar su postura contraria a la instalación del silo nuclear y en la que el alcalde, José María Sáiz, ha defendido la viabilidad del (ATC) alertando de que sólo una orden ministerial lo paralizará.
Con las espadas en alto, un tercer elemento ha venido a perturbar aún más el encuentro al que también acudía el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca y líder del PP en esta provincia, Benjamín Prieto sin que, según el Gobierno regional, se hubiese informado previamente de su asistencia a una reunión a la que no había sido invitado.
Las críticas mutuas no han tardado en producirse. Benjamín Prieto acusa a la Junta de haber impedido su participación en el encuentro y el Ejecutivo regional lamenta "la falta de lealtad institucional" por parte del presidente de la Diputación conquense.
Así las cosas, el primer edil de Villar de Cañas ha señalado que el Ayuntamiento ha contratado un equipo de abogados medioambientales que preparan una acción contra la declaración de Zona de Especial de Protección de Aves que ha iniciado el Gobierno regional para frenar la construcción del silo.
De hecho, ha avanzado que el 1 de octubre en Villar de Cañas se va a crear una plataforma de afectados contra esa ZEPA. "Por la buenas lo que haga falta, por las malas iremos al contencioso-administrativo que vamos a ganar porque esa declaración de ZEPA esta mal hecha", ha advertido.
De su lado, el vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro, ha indicado que de momento el Gobierno regional está recurriendo a "planteamientos urbanísticos y medioambientales" para frenar este proyecto, aunque ha señalado que si no se da el acuerdo "habrá que valorar si hay que recurrir las decisiones desde el punto de vista judicial, porque como toda decisión administrativa puede ser recurrida en el contencioso-administrativo".
Ecologistas advierte del "peligro" del traslado de residuos nucleares por la provincia
Paralelamente, Ecologistas en Acción ha dado a conocer que está elaborando un informe, a partir de datos de Enresa, de la Comisión Interministerial para el emplazamiento del Almacén Temporal de Residuos (ATC) y de la contabilidad del 6º Plan General de Residuos Radiactivos que pone de manifiesto sobre "el enorme riesgo al que se someterían a más de 35.000 personas de 27 localidades de la provincia de Cuenca, por la que pasarían los residuos nucleares.
En un comunicado, la organización ha señalado que doce de estas localidades, con una población de casi 8.000 habitantes, serían las "más afectadas", pues los convoyes pasarían a menos de 500 metros de las viviendas más cercanas a las vías de comunicación.
Según Ecologistas, en condiciones normales, las dosis recibidas por la población serían muy bajas, puesto que el convoy circularía a 40 kilómetros por hora, pero destaca que "no son despreciables las dosis en los puntos de descanso o en paradas programadas o no". Además, el "elevado" número de viajes --hasta 1.254 desde todas las centrales nucleares--, "multiplica el riesgo de accidentes".
Ecologistas ha indicado asimismo que, a día de hoy, tampoco se conocen los puntos de descanso necesarios para que los convoyes pasen la noche.
La organización también ha destacado que, en el estudio de impacto ambiental encargado por Enresa a la consultora INYPSA, "apenas se aporta información sobre los posibles riesgos y los planes de emergencia en caso de accidente" ni se mencionan "los protocolos de actuación en caso de avería, operaciones de mantenimiento de los vehículos y su carga, indisposición del conductor o cómo llevar a cabo lo relevos con el segundo conductor en caso de que el primero se encuentre indispuesto, tenga que comer, ir al baño o cualquier otra contingencia que precise que el convoy se detenga".
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