La noche electoral fue todo una fiesta para los miembros de Junts Pel Sí, la plataforma que engloba a los partidarios de la independencia menos la CUP, partido que se encuentra fuera del sistema, como ellos mismos suelen decir. Así las cosas, Artur Mas lo tiene imposible para ser investido y deberá ceder el puesto a otro compañero de la lista, como Oriol Junqueras o Raül Romeva, o convocar nuevas elecciones, algo que le pedía Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que fue la otra gran vencedora de la noche.
¿Por qué puede pasar esto? Simple: por las matemáticas. El todavía president de la Generalitat y número cuatro de Junts Pel Sí, Artur Mas, necesitará el voto a favor de la CUP para ser investido por tercera vez consecutiva y no le valdrá la abstención de la candidatura liderada por Antonio Baños.
El president de Cataluña se elige por mayoría absoluta de los diputados del Parlament en una primera vuelta y, si no es posible, se elige por mayoría simple de los diputados en vueltas posteriores. Así, en la primera vuelta Mas necesita 68 votos, que presumiblemente no tendrá porque la CUP siempre se ha negado a dárselos durante toda la campaña y anoche lo confirmó.
De cara a la segunda vuelta, Mas tiene sólo 62 diputados y las fuerzas no independentistas tienen 63, por lo que para ser elegido necesita una mayoría simple de 64 votos -le faltan dos-.
Esto significa que si los 10 diputados de la CUP se abstienen en la segunda vuelta, el presidente no tendrá la mayoría simple necesaria: necesita que al menos dos de los 10 parlamentarios de la CUP digan sí y llegar a los 64 votos.
Pese a todo, hay que estar pendientes del peso y el sentido que pueda tener el voto por correo de los 23.612 ciudadanos que han solicitado hacerlo desde el extranjero. De este total, 21.771 corresponden a catalanes inscritos en el censo de residentes ausentes (Cera), y el resto de los que residen de forma temporal en el extranjero (Erta).
Si pasan dos meses desde la fecha del primer debate y la investidura aún sigue bloqueada, el artículo 67 del Estatut establece que el presidente en funciones -el propio Mas- debe convocar otras elecciones en un plazo de 40 a 60 días, por lo que ya serían en 2016.
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