Las cuentas de Mas y menos

Convertir en plebiscito unas elecciones autonómicas fue la trampa de Artur Mas en la que cayó no sabemos si por inocencia o por incompetencia el heterogéneo conjunto de candidaturas no independentistas y el propio gobierno de la nación. La consecuencia de este error estratégico no fue, sin embargo, un éxito para Artur Mas y sus acompañantes sino el fracaso de su hoja de ruta. La “plebe” o masa crítica del plebiscito, estimulada y presionada desde meses y meses por las instituciones de autogobierno de Cataluña y desde una trama de entidades socio-culturales y medios informativos subvencionados, respondió acudiendo a las urnas en número mayor al previsible, pero no para decir sí al aglomerado dynamicado bajo el título de “Junts pel sí” sino para dispersarse en torno a las diversas candidaturas que, con diferentes y ambiguos matices, coincidían en una sola cosa: el desacuerdo con ese “sí” que significaba separarse de hecho de España por procedimientos ilegales y al dictado de la vanidad y ambición de un círculo traicionero.

Las cuentas no pueden estar más claras y los cuentos resultar más falsos. El “Junts pel sí” obtuvo 62 diputados de 135, sin posibilidad de gobernar por sí mismo ni de modificar una sola línea de su actual Estatuto de Autonomía, para lo que necesitaría 90 escaños, o sea tres tercios de la asamblea parlamentaria. Evidentemente se quedó sin ninguna legitimación electoral para atreverse a insinuar una proclamación unilateral de independencia o para soñar cualquier quimera de reforma constitucional. Pero, a su vez, Artur Mas dinamitó los cimientos del nacionalismo catalán tradicional, rompiendo la coalición “Convergencia y Unió” de donde emanaba su cargo y enterrándose en una mezcla programáticamente indefinida de personajes de varia procedencia –predominantemente más a la izquierda de lo que significaba el nacionalismo catalán hasta la fecha de tal manera que hoy es imposible saber cuántos votos populares le apoyan a él y cuales a cada uno de los integrantes de ese confuso triunvirato formado por el traicionero representante del Estado constitucional en Cataluña, los republicanos de Esquerra o los indefinibles seguidores del excomunista madrileño Raúl Romeva.

¿Significa este resultado que el problema político planteado en Cataluña se ha desvanecido? En absoluto. Significa que se ha trasladado a los órganos de soberanía y al gobierno del Estado que, a partir de ahora no puede justificar ausencias ni debilidades ni establecer líneas de negociación con esa significativa pero insuficiente mayoría que pretende asumir la representación de Cataluña sin título para ello. El señor Mas en funciones no es Cataluña ni representa a la mayoría de los catalanes. Ningún gobierno de la nación, sea cual sea su color, puede, de ahora en adelante, engañarse a sí mismo y engañar a los demás, apoyando los planteamientos de una causa sin mayoría social en una coalición decadente que ha perdido 9 escaños en relación con anteriores comicios. Inexorablemente, el independentismo catalán ha construido el muro que le inhabilita para cualquier pretensión de bilateralidad.

¿Supone esta nueva situación que Cataluña ha pasado a ser una comunidad autónoma igual a cualquier otra? No se puede suponer tal cosa, porque no existen comunidades iguales entre sí en el sistema libérrimo llamado Estado de las Autonomías. La fórmula, humorísticamente calificada durante la Transición como “café para todos” no supuso nunca el mismo café para cada uno. La negociación de los estatutos de autonomía en forma singularizada y con iniciativas propias de cada territorio, propiciaba una diferenciación original que permitía elegir entre café solo, café cortado y café con leche. Al admitir el propio sistema diferencias formales y legales, es evidente que admitía tratamientos acomodados a diversas circunstancias y realidades sociales y culturales. Pero la diferencial netamente política no procede de una comparación entre normas estatutarias sino de un inevitable tratamiento condicionado por situaciones concretas. No puede ser lo mismo para los órganos comunes del Estado relacionarse con un gobierno autonómico de su misma estirpe, de la estirpe de su oposición o de un paisaje regional donde existe una tercera fuerza de carácter nacionalista con opción de gobierno. Esta última situación se ha dado en Cataluña y en el País Vasco, con distintos grados de intensidad y diferentes modales. Nos encontramos ante un tema de sensibilidad política que se corresponde con el tan mencionado comentario de Ortega y Gasset sobre la necesidad de “conllevarse” con el problema catalán. El problema es que hay que contar con la existencia de un sector político nacionalista que, aún sin capacidad de promover un desafío independentista tiene, sin embargo, envergadura suficiente para ser tenido en cuenta como un ingrediente en las relaciones de poder entre los órganos de soberanía nacional y los órganos de autogobierno territorial. El pulso para mantener las relaciones contando con este factor distorsionante es el problema que queda en manos de los depositarios de la soberanía nacional.