¿Para qué sirven los resultados de 27-S?

Los resultados del 27S son multiusos. Bien valen para mantener que la mayoría absoluta del Parlamento Catalán será independentista como para argüir, con sólidos argumentos, que han sido más que ellos las catalanas y los catalanes que han votado por opciones políticas que de una manera u otra defienden mantenerse en España. El problema no ha quedado resuelto pese a la histórica votación que ha llevado hasta las urnas autonómicas a más ciudadanos que nunca, como si fueran conscientes de que tras estos comicios nada va a ser igual, como si se hubieran sentidos obligados a sumar todos los votos en la búsqueda una solución. Pero esta vez las urnas no han encontrado la salida. Dicen los expertos que la gente sale a votar masivamente para producir un vuelco electoral, para cambiar las situaciones políticas. No ha sido así en esta ocasión: seguramente nada seguirá igual a partir de ahora pero los equilibrios de fuerzas en el parlamento, nacionalistas/ no nacionalistas, son parecidos, salvo la irrupción como árbitro del grupo antisistema de la CUP.

Más allá de la habilidad pertinaz de los políticos de considerar favorable cualquier resultado que no implique directamente su dimisión, lo cierto es que la división en la calle es cada vez más fuerte aún que la que se va a producir en los escaños sin que el juego democrático de las mayorías y las minorías pueda dirimir de momento sus diferencias. Y la gran movilización de los electores no puede frustrarse otra vez más con los juegos continuos pero inservibles de unos y el inmovilismo de los otros. Así van cinco años. Los resultados podrán, si se quiere, valer para todos los argumentos, aunque habrá que averiguar cuanto antes para qué sirven, mas allá de formar un Parlamento, lo que parece fácil, y un Gobierno, lo que se torna complicado y hasta imprevisible. Vista la composición del Parlament no es inimaginable que asistamos en meses al inicio de la anunciada hoja de ruta “independencia en 18 meses”, con leyes que intenten crear la transición de un Estado a otro y una pseudoestructura de estado catalán. Y tampoco parece descartable desde una declaración soberanista del Parlament hasta una declaración unilateral de independencia.

Los recursos ante el tribunal Constitucional y la paralización de los proyectos catalanes, y, hasta los intentos de inhabilitación de su President pueden ser la respuesta del Gobierno central. Un Gobierno que será nuevo, tras las elecciones generales de diciembre, y que, pase lo que pase, será inevitablemente más débil e inestable que el actual. Entre que el Parlament y el Govern catalán echen andar y se constituya en la Moncloa el nuevo ejecutivo nos quedan cuatro o cinco meses irrespirables de absoluta confusión y en los que difícilmente nadie buscará el diálogo con nadie. Aunque seguro que intentarán aprovecharse electoralmente del 27S. Valen para todo. Pero no queda otra que ponerse a hablar y buscar un nuevo consenso. La desafección de Cataluña con España de la que hablaba José Montilla en 2010, tras el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, se ha convertido en un muy mayoritario sentimiento de ruptura con el estado de las autonomías de 1978. Tras el veredicto de las urnas nadie sabe muy bien que hacer pero la situación será aún más incontenible si no se pone en marcha un proceso de reformas legales que sustituya al consenso de la Constitución de 1978 en lo que respecta al encaje de Cataluña y de las demás autonomías en España. Es apremiante enfocar los problemas más acuciantes.

1. Habrá que gestionar con inteligencia y sensibilidad la división en la sociedad catalana para que no sea imposible la convivencia hasta el punto que muchos ciudadanos sientan temor a expresar libremente sus ideas en su vida cotidiana.
2. La fórmula más rápida de aumentar el sentimiento independentista en Cataluña sería alentar el anticatalanismo en el resto de España con campañas como las de no comprar sus productos o sacar el dinero de las sucursales de sus bancos. Aún peor sería anular la autonomía catalana.
3. Las leyes y los Tribunales no pueden ser un escudo para detener o machacar sentimientos masivos y muy arraigados en la sociedad. No se puede dejar a 1.800.000 catalanes fuera de la ley. En una democracia el Estado no puede sobrevivir oponiendo la ley a lo que han votado los ciudadanos. Ya lo hizo el Tribunal Constitucional en 2010 con su sentencia anulando lo decidido en los parlamentos por los diputados y en referendum por los políticos. Y ahí empezaron nuestros males. España no puede considerarse unida si el Gobierno de la nación recurre continuamente ante el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas por el Parlament.
4. Todas las leyes de la Constitución abajo se pueden cambiar cuando lo precisan los ciudadanos. La tarea de los políticos es determinar el momento en que es preciso hacerlo y lograr los acuerdos necesarios para hacerlo posible.
5. El nuevo presidente del Gobierno que salga de las nuevas Cortes tras las elecciones generales deberá convocar urgentemente al presidente de la Generalitat y al resto de los partidos con representación parlamentaria para iniciar negociaciones para cambiar la Constitución.
6. Una comisión para la Reforma Constitucional debería constituirse inmediatamente en el nuevo Congreso.

Mucho más importante que cambiar el caduco mapa político que sufrimos será resolver lo que España como Estado debe ser a partir de ahora. ¿Serán capaces los líderes de ahora de convencerse de que hay problemas de Estado como éste que están muy por encima de sus intereses electorales? Peor que la duda es tener una cierta certeza.