Así impedirá el Gobierno de Castilla-La Mancha la práctica del fracking en la región

El desarrollo de mecanismos legales que impidan la práctica del fracking en la región, aunque haya expertos en Castilla-La Mancha que se muestran a favor de esta práctica, ya está en marcha.

Su contenido inicial apunta a que el Ejecutivo de Emiliano García-Page podrá todas las trabas posibles a esta práctica en territorio castellano-manchego.

La ley que prepara el Ejecutivo regional recuerda en su exposición de motivos cómo la necesidad de intensificar la diversificación del abastecimiento de energía en Europa y de desarrollar recursos energéticos autóctonos para garantizar la seguridad del abastecimiento y reducir la dependencia energética externa de la Unión Europea, ha propiciado el surgimiento de la exploración de yacimientos considerados no convencionales.

Y ahí es donde empresas del sector comienzan a explorar yacimientos de combustibles, como el gas de esquisto, considerados no convencionales a través de técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como “fracking”.

Esta técnica consiste en inyectar a alta presión fluido de fractura (mezcla compuesta normalmente por grandes cantidades de agua, arena y aditivos químicos) para romper la roca, abrir y agrandar las fracturas con objeto de que los hidrocarburos que se hallaban atrapados fluyan en el interior del pozo permitiendo su extracción.

El Gobierno de Castilla-La Mancha expresa en la norma su convencimiento de que esta técnica plantea problemas específicos relacionados con la salud pública y el medio ambiente.

Uno de los que más preocupan es el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por las sustancias químicas utilizadas en el proceso de fractura hidráulica.

Asimismo, los recursos hídricos también se ven afectados por la mayor demanda de agua que exige esta técnica, lo cual puede tener repercusiones sobre los ecosistemas y afectar así a la biodiversidad.

Otro inconveniente es que los pozos de gas de esquisto tienen una productividad menor que los pozos convencionales por lo que se hace necesario perforar más pozos, sin olvidar que durante el proceso pueden producirse emisiones de gas metano, que pudieran tener impacto negativo sobre el clima y la calidad del aire a nivel local.

Además, la calidad de suelo también puede verse afectada por fugas y derrames en el caso de que los fluidos de fractura y las aguas residuales no sean correctamente manipuladas y no se descartan problemas derivados del riesgo potencial de sismicidad inducida.

Aunque la Comisión Europea recomienda a los Estados el desarrollo de medidas que garanticen que la técnica no perjudique al clima, a la salud de las personas y al medio ambiente, lo cierto es que en España el Gobierno de Rajoy estableció como única protección la necesaria evaluación positiva de impacto ambiental.

El planteamiento del Gobierno regional ha sido establecer medidas adicionales que son muy exigentes y en cuyo fondo se persigue poner las cosas muy difíciles a cualquier empresa interesada en practicar esta técnica en territorio castellano-manchego.

La primera cuestión es la exigencia de disponer de un estudio de referencia, que cumpla los requisitos establecidos en la Recomendación de la Comisión Europea y que permita saber si el emplazamiento de la instalación, de la superficie circundante y subsuelo afectado, disponen de garantías suficientes para descartar fugas o derrames al suelo, al agua o al aire.

Cualquier autorización deberá ser aprobada mediante decreto por el Consejo de Gobierno y se basará en un plan estratégico sectorial de Castilla-La Mancha previo en el que, además, participará la población afectada, incorporará evaluación ambiental y será sometido a información pública.

El plan estratégico para conseguir autorización incluirá la evaluación de riesgos, la definición de la zona precisa de explotación y una estricta evaluación de impacto ambiental.

Cualquier autorización, por otra parte, requerirá a la empresa interesada una inversión previa que le supondrá realizar una evaluación de riesgos del emplazamiento potencial, de la superficie circundante y del subsuelo. Esa evaluación deberá especificar, entre otras cosas, la calidad y las características de flujo de las aguas superficiales y subterráneas, la calidad del agua en los puntos de extracción de agua potable, la calidad del aire, la presencia de metano y otros compuestos volátiles en el agua, la sismicidad, la biodiversidad y hasta el estado de las infraestructuras, pozos o edificios en la zona.

Los pozos que practique la empresa deberán ser revisados por un tercero de forma que se garantice su integridad y seguridad.

Se deberá contar con planes de riesgos como medida preventiva en lo relativo al agua, al transporte, a los gases… Y además, cualquier incidente detectado pararía de inmediato la explotación.

Otro elemento añadido con el que el Gobierno regional quiere ponerles las cosas difíciles a las empresas interesadas es que no se concederán permisos para realizar perforaciones o sondeos exploratorios sin el previo plan estratégico.

El proceso de explotación debe ser, además, transparente porque la empresa concesionaria tendrá que difundir información, por ejemplo, sobre las sustancias químicas y los volúmenes de agua que tiene la intención de utilizar e incluso se le exigirá una garantía financiera sobre el proyecto.

Finalmente, la presente Ley recogerá novedades en materia de ordenación del territorio y de la actividad urbanística en concreto en lo que afecta al régimen de suelo rústico que aún no han sido concretadas.