El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido al Centre de Telecomuniccions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) que le remita los expedientes sobre la compra de los ordenadores utilizados en la consulta del 9-N y de su transporte a los puntos de votación. El magistrado ratifica la solicitud que hizo la Fiscalía, que pide que la Generalitat remita las facturas de la adquisición de los ordenadores usados en la consulta -unos 7.000, según cifró la consellera de Enseñanza, Irene Rigau-, así como documentación sobre las partidas destinadas a desarrollar el software empleado para gestionar las votaciones.
El coste de los ordenadores portátiles que se usaron en los institutos que albergaron las urnas del 9-N fue una de las cuestiones por las que fue interrogada ayer la consellera de Enseñanza, Irene Rigau.
La consellera concretó que para las votaciones del 9-N se utilizaron 7.000 equipos informáticos cuya adquisición, según su versión, ya estaba presupuestada con anterioridad para uso de los centros educativos y que, tras la consulta, han acabado a disposición de las escuelas.
El pasado mes de junio, a instancias de la Fiscalía, el TSJC ya requirió a la Generalitat documentación relativa al coste de la organización del 9-N, lo que incluía el precio de adquisición de los ordenadores empleados en la votación, y ha citado a declarar para el próximo lunes al técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI en la consulta.
En esa ocasión, el ministerio público pedía que la Generalitat aportara toda la "instrucción, orden interna, circular, protocolo técnico o documento de cualquier tipo" referido a la gestión informática del 9-N, aunque por el momento no se ha facilitado el expediente completo relativo a los equipos informáticos empleados en la consulta.
En su declaración de ayer ante el juez del TSJC, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau alegaron que desde que el 4 de noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional suspendió la consulta alternativa, la Generalitat paralizó todas las instrucciones relativas al 9N, que de esa forma quedó exclusivamente en manos de voluntarios.
De hecho, cuando admitió a trámite la querella por el 9-N, el TSJC precisó que en principio se centraría en investigar las resoluciones que adoptó el gobierno catalán entre los días 4 y 9 de noviembre, una vez la consulta alternativa había sido suspendida.
Con el requerimiento de la documentación relativa a hechos tan concretos como el transporte de los ordenadores a las escuelas que acogieron las urnas del 9- N, la justicia pretende averiguar si una vez suspendida la consulta el gobierno catalán continuó gestionando la votación.
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