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¿Un nuevo Bárcenas en Cataluña?: el tesorero de Convergència, acusado de financiación ilegal, blanqueo y cohecho

¿Un nuevo Bárcenas en Cataluña?: el tesorero de Convergència, acusado de financiación ilegal, blanqueo y cohecho
(Foto: EFE)

> La Fiscalía atribuye a Andreu Viloca un total de 6 delitos relacionados con la corrupción
> También han sido detenidos 6 empresarios y un director general de empresa pública

miércoles 21 de octubre de 2015, 13:01h
La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC Andreu Viloca, detenido este miércoles, un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según fuentes del Ministerio Público. Algunos tienen claro que ésta sería una operación dirigida a golpear a los nacionalistas catalanes, mientras que ya circula la opinión de que estamos ante un nuevo Bárcenas, pero en Convergència.
Viloca ha sido detenido por la Guardia Civil junto a otros 6 empresarios y el director general de la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y a todos ellos se les estaría investigando por su participación en mayor o menor medida en estas conductas delictivas.

La operación sigue abierta pasadas las 12.00 horas y hasta este momento se han producido 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de ocho empresas, incluida Acciona, en los que participan los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

Los empresarios detenidos son Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.

La operación se enmarca en la investigación por el supuesto pago de comisiones ilegales del tres por ciento a cambio de obra pública en diversos municipios catalanes.
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