Estas oficinas, que estarán integradas en las direcciones provinciales de Fomento, servirán para ayudar y asesorar tanto a las familias a las que se les ha notificado un proceso de desahucio o incluso a familiares que les hayan avalado en estos procesos hipotecarios. Estas dependencias actuarán en cuatro líneas. En primer lugar, servirán para asesorar e informar en general a estas personas afectadas por una ejecución.
"A veces la desinformación o el no negociar con las entidades bancarias lleva aparejado el desahucio de la vivienda y queremos atajar este problema antes de que se produzca la primera notificación o el primer impago", ha dicho la consejera.
Así las cosas, habrá en ellas una intervención social, de la mano de trabajadores sociales y de la Consejería de Bienestar Social, que ha habilitado una línea telefónica para que los trabajadores sociales puedan atender situaciones de necesidad poniendo a disposición de familias todos los recursos de la Administración regional.
Gracias a la colaboración del Colegio de Abogados, estas oficinas prestarán asesoría jurídica a los afectados para que estos puedan estudiar las diferentes opciones que tienen las familias, así como acompañarles en el proceso judicial si inevitablemente se produjese.
De igual modo, estas oficinas mediarán con las entidades bancarias, para intentar que finalmente no se produzca el desahucio.