www.diariocritico.com
El PSOE quiere incluir en la Constitución el derecho a una renta mínima en situación extrema. Así es la Carta Magna de Pedro Sánchez
(Foto: Tribunal Constitucional)

El PSOE quiere incluir en la Constitución el derecho a una renta mínima en situación extrema. Así es la Carta Magna de Pedro Sánchez

martes 27 de octubre de 2015, 23:19h
El PSOE quiere introducir en la Constitución el derecho a recibir "una renta o ingreso mínimo vital" para personas en "situaciones de carencia efectiva" y dotar de contenido al derecho a la vivienda, con "obligaciones concretas para los poderes públicos". Además, propone "actualizar y consolidar el principio de laicidad" e incluir el llamado 'derecho al olvido'.
Éstos son algunos de los cambios concretos que recoge la reforma de la Carta Magna que aprobará este miércoles el PSOE en la reunión de su Consejo de Política Federal, que preside la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz. El secretario general y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará después sus conclusiones.

En el documento, los socialistas defienden la necesidad de "remodelar" el Estado para dar respuesta a los problemas de la España del siglo XXI. Aseguran que su oferta está "abierta" al resto de formaciones políticas, porque creen que "sólo tendrá sentido y podrá salir adelante si es fruto del pacto", pero defienden que una victoria del PSOE es lo único que garantiza que se abrirá "una nueva etapa reformista bajo la premisa del diálogo y el consenso".

Eso sí, insisten en que su propuesta está llamada a "completarse y discutirse" con lo que formulen el resto de políticos y los ciudadanos y admiten que, fruto de ese consenso, finalmente pueden no incluirse algunas de sus propuestas. Pero, recalcan, "los efectos del acuerdo compensarán con creces esas renuncias".

La propuesta que los socialistas presentarán a los ciudadanos está organizada en grandes ejes en torno a la Justicia social; derechos y libertades; calidad democrática y de las instituciones; la reforma de la estructura territorial y la vocación europea e iberoamericana de España.

Para fortalecer el Estado social, los socialistas incluyen su compromiso de reformar el artículo 135 de la Constitución, para que el respeto al principio de estabilidad presupuestaria permita "un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales".

También propone reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la Ley, incluyendo "el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna".

Otros de sus objetivos son "mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo", para incluir una referencia expresa al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad en el trabajo, y "mejorar la regulación actual sobre protección a las familias", con un "concepto amplio de familia" y "especial atención a la conciliación de la vida familiar y laboral".

También se comprometen a reforzar los derechos medioambientales y "dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en casos de desahucio".

En el segundo capítulo, para fortalecer y ampliar los derechos y libertades, apuestan por actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.

Además, quieren a "las personas" y no solo a los españoles el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, incluir nuevas causas de prohibición de la discriminación, e incorporar a la Constitución una regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres.

En concreto, quieren extender esta igualdad a los ámbitos del empleo y las condiciones de trabajo, reconocer el derecho de las mujeres a su salud y a su vida, a la protección frente a la violencia de género, a la libertad de decidir sobre sí mismas, al desarrollo de una educación en valores cívicos y en igualdad, libre de sesgos de género, y a la participación política.

La propuesta de reforma incluye la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona y la abolición de la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra.

También proponen reconocer los derechos vinculados con la bioética; facilitar el voto de los ciudadanos extranjeros; fortalecer el derecho de asilo, garantizando su protección efectiva y configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal, incluyendo el llamado 'derecho al olvido'.

Está presente asimismo el reconocimiento del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la mejora de la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad, suprimiendo la referencia a "disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales".

En materia de calidad democrática, aboga por limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo y apuesta por suprimir la inmunidad parlamentaria.

También quieren introducir el desbloqueo de las listas, incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso e incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales.

Además, apuestan por establecer en la Carta Magna la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones y fortalecer la transparencia sobre su organización y funcionamiento, especialmente sobre su financiación.

Este capítulo incluye también la obligación de que los decretos-ley sean tramitados como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia si así lo solicita una minoría cualificada y rebajar las condiciones para presentar una iniciativa legislativa popular, dando posibilidad a sus promotores de acceder a la sede parlamentaria en defensa de sus propuestas.

Y propone fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores mediante el establecimiento de un sistema para el nombramiento de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de las vacantes, la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable, sesiones de audiencia en el Congreso y el Senado y la elección final por parte del Parlamento.

Además, quiere que la designación de magistrados del Tribunal Constitucional sea competencia exclusiva de las Cámaras.

El último epígrafe --al margen del pacto territorial-- es el dedicado a la articulación de España en la Unión Europea y al refuerzo de los lazos con los países de Iberoamérica e incluye la propuesta de garantizar la participación de las comunidades autónomas en los procesos de formación de la voluntad del Estado en todas las materias que sean de su competencia o en los que sus intereses pudieran verse sustancialmente comprometidos.

También apuesta por reconocer el carácter vinculante del derecho europeo y su primacía respecto del derecho interno en armonía con los principios, valores y derechos constitucionalmente establecidos e incluir una referencia expresa al Convenio Europeo de Derechos Humanos y a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

0 comentarios