Preguntada por este asunto concreto, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el secretario regional de CCOO, José Luis Gil, De la Cruz ha precisado que este no es un problema creado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que estudia la manera viable de atender a esas familias, sino por la Tesorería General de la Seguridad Social que es la propietaria del edificio en el que se asientan y que es "quien desahucia".
"Quien está echando a esas familias es el Gobierno de España. Eso debe quedar muy claro y estar en la mente de todos. No ha dado alternativas para evitar el desalojo. Me consta que el Gobierno regional está negociando muchas alternativas para que ese desalojo no se produzca", ha insistido.
Dicho esto, ha precisado que esas familias no pueden ser realojadas en viviendas públicas de la Junta por varias cuestiones. En primer término, porque al hacerlo se saltarían la lista de espera de 7.000 personas que en la región demandan una vivienda de este tipo, 2.000 de ellas en la provincia de Toledo.
Además, ha explicado que el Gobierno regional tiene "pocas vivienda vacías, unas 300" y que el 95 por ciento de ellas requiere de arreglos "muy importantes para ser habitables, porque están en muy mal estado".
No obstante, la responsable de Fomento ha concluido reiterando que tanto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, como el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, trabajan, incluso de la mano de entidades bancarias, para atender este caso "dramático".
El Gobierno central acusa a la Junta de incumplir competencias
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha afirmado que la Junta "está incumpliendo sus competencias" por no realojar a las familias del asentamiento de El Cavero, en la localidad toledana de Olías del Rey.
Gregorio, a preguntas de los medios, ha recordado que "el lanzamiento estaba previsto para el 29 de julio y el Gobierno regional pidió unos meses para poder realojar a estas familias, pero no lo está haciendo".
Asimismo, ha apuntado que la Junta "no ha hecho ninguna propuesta de compra" de los terrenos en los que se encuentra este asentamiento. En este sentido, ha desvelado que el Gobierno castellano-manchego "dijo que estaba interesado y la Tesorería de la Seguridad Social contestó explicando el procedimiento para llevar a cabo esa compra".