El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, en su reunión de este martes, ha tomado en consideración este anteproyecto de Ley, por lo que comienzan ahora los trámites oficiales y parlamentarios de este documento en las Cortes, donde se seguirá trabajando al respecto en la Subcomisión de Transparencia.
Según consta en el anteproyecto de ley, se exponen como motivos de su elaboración que "la ciudadanía demanda cada vez una mayor información sobre las distintas actuaciones que realizan los poderes públicos".
Igualmente, añade que la transparencia "se ha convertido en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos", además de que "existe un valor intrínsecamente económico de la propia transparencia". A parte de la Administración regional y de las empresas públicas dependientes de la misma, estarán sujetas a esta ley la Universidad de Castilla-La Mancha, los partidos políticos o las entidades privadas o públicas que reciban más de 60.000 euros al año en subvenciones.
Esta nueva normativa propone igualmente la creación de un Consejo Regional de Buen Gobierno y Transparencia como órganos adscrito a las Cortes regionales, con personalidad jurídica propia y que trabajará para "garantizar los derechos de acceso a la información pública" por parte de todos los ciudadanos.
El anteproyecto de Ley recoge un artículo referido únicamente a los procesos de contratación pública, y además obliga a publicitar la información relativa a las subvenciones públicas.
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