Por ello, el Consejo de Gobierno ha instado al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, a que "incorpore de forma inmediata esta prohibición en un proyecto normativo con rango de ley para blindar" la misma.
El objetivo, según el portavoz regional, es "impedir la modificación o supresión --de esta prohibición-- por el Ejecutivo regional de turno" y que "solo sea posible" a través de las Cortes regionales.
SE DESACTIVARÁN LAS QUE ESTÉN EN VIGOR
Asimismo, esta nueva normativa también incluirá la desactivación de cualquier tarjeta de débito o crédito que se encuentre en vigor que, en concreto, según ha explicado Hernando, son dos pertenecientes a la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha (SODICAMAN) que pasarán a ser suprimidas.
El portavoz regional ha afirmado desconocer a quién pertenecen estas tarjetas, pero ha dejado claro que ningún miembro del Gobierno castellano-manchego ni directores generales poseen tarjeta alguna.
Asimismo, ha negado que la tarjeta perteneciente al anterior director de Radio Televisión Castilla-La Mancha (RTVCM) haya pasado a manos de la actual directora del ente regional, Carmen Amores, al tiempo que ha añadido que el Ejecutivo regional ha pedido una auditoría para que de manera formal les faciliten "toda la información sobre el asunto".
SE ESTUDIA SI VILLA INCURRIÓ EN DELITO
Hernando ha recordado que los servicios jurídicos del Ejecutivo de Emiliano García-Page se encuentran analizando la información publicada sobre los gastos de estas tarjetas para "determinar si pudieran ser constitutivos de irregularidad o delito penal".
"Lo más llamativo es que --Villa-- habría retirado dinero hasta en 33 ocasiones en cajeros automáticos, cuando tenía un sueldo de más de 120.000 euros, en un Gobierno que llevaba la austeridad y los recortes por bandera", ha afirmado.
Hernando ha afirmado que los gastos protocolarios y de representación tienen que respetar la legalidad, la eficacia y la eficiencia, por lo que dichos gastos son objeto de control formal, a fin de verificar el hecho "que genera el gasto y la vinculación de éste y el fin público perseguido con el mismo".
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