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El sindicato médico CESM denuncia una nueva agresión a sanitarios en Tomelloso

lunes 21 de diciembre de 2015, 10:55h
El pasado 14 de diciembre se producía una nueva agresión a profesionales sanitarios en el punto de atención continuada del centro de salud de Tomelloso, según ha denunciado el sindicato médico CESM. Las víctimas, una doctora y un celador.
El sindicato médico explica que l facultativa fue "amenazada, insultada y agredida", mientras que el celador fue "agredido y amenazado" y como medida de protesta ha convocado una concentración de diez minutos este martes, a las 11 horas, en la puerta del centro de salud Tomelloso, en repulsa por las agresiones en sanidad.
CESM recuerda que, aunque el centro de salud de Tomelloso está dotado con cámara de vigilancia, "no lo consideramos suficiente pues no cuenta con botón de pánico ni está dotado con vigilante jurado".
Por otra parte, la consulta en la que se produjo la agresión no cuenta con salida de emergencia en caso de situación violenta. Por ello, denuncian, "nuevamente" lo que califican de "insuficiencia de las medidas de seguridad para el personal sanitario en el desempeño de sus funciones".
En un comunicado, insisten en que "la administración debe personarse como acusación en todos y cada uno de estos casos, no basta con la asesoría jurídica del SESCAM" porque creen que los profesionales deben sentirse respaldados por la administración para la que trabajan.
"No es de recibo que el SESCAM se persone si hay desperfectos de material y no lo haga cuando se agrede a un trabajador", critican. Piden que se persigan como "atentado a la autoridad" todos los casos de agresiones a sanitarios.
En este sentido recuerdan como el fiscal jefe de Cataluña en el año 2006 manifestaba que "las agresiones a estos profesionales significan, además del menoscabo de su integridad física y moral, la perturbación de la función pública que ejercen", amparándose en el artículo 10.1 de la Constitución, que hace expresa referencia a "la dignidad de la persona a los derechos inviolables que le son inherentes".
Por este motivo, añaden, "las agresiones a los profesionales que ejercen las funciones públicas de la educación o la sanidad merecen la más severa perspectiva jurídico-penal, en defensa de bienes jurídicos no solo individuales sino también colectivos, de esencial importancia institucional".
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