La Infanta Cristina no podrá alojarse en el Palacio de Marivent durante su estancia en Palma a partir de esta semana para asistir al inicio del juicio del 'caso Nóos', en el que está acusada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales presuntamente cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. De todos modos, tanto la Infanta como la Fiscalía pedirán que se le aplique la doctrina Botín para no ser juzgada.
La Infanta Cristina y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach pedirán este lunes, en el marco de las cuestiones previas que marcarán el inicio del juicio por el caso Nóos, que se le aplique la doctrina Botín a la hermana del Rey Felipe VI, lo que evitaría ser juzgada por los dos delitos fiscales que, en calidad de cooperadora necesaria, le atribuye el sindicato Manos Limpias pero no el resto de acusaciones de la causa.
La primera sesión de la vista oral, que prevé arrancar a las 9.15 horas, comenzará con la intervención de Horrach, quien durante la misma solicitará la aplicación de la anterior doctrina puesto que ni el Ministerio Público y el perjudicado por el supuesto delito, en este caso la Agencia Tributaria -representada en el proceso por la Abogacía del Estado- ejercen acciones penales contra la mujer de Iñaki Urdangarin quien, en cualquier caso, deberá sentarse en el banquillo al menos en esta primera jornada del juicio.
El fiscal sostiene que en otros casos en los que se han producido similares circunstancias, se ha procedido al archivo de su imputación y, por tanto, se les ha impedido ir a juicio.
Durante la instrucción de la causa, ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria han apuntado a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI.
La infanta, sin título nobiliario y vetada en Marivent
La Infanta no podrá alojarse en el Palacio de Marivent durante su estancia en Palma. El palacio, titularidad de las autoridades autonómicas de Baleares, se cedió en 1973 a los entonces Príncipes Juan Carlos y Sofía para que disfrutasen de sus vacaciones en la isla. Desde entonces, ha sido la residencia estival oficial de la Familia Real, que también solía desplazarse a Palma en Semana Santa. Pero ni la Infanta Cristina es hoy miembro de la Familia Real, ni su presencia en Palma se debe precisamente a unas vacaciones en familia.
Al margen de estas dos obviedades, la distancia que ha marcado Felipe VI con respecto a su hermana difícilmente permitiría alojarse en un palacio que no es ni siquiera propiedad de la Familia Real a quien acude a la isla para sentarse en el banquillo de los acusados.
Desde la proclamación de Felipe VI como Rey, éste marcó nuevas distancias con sus cuñados, hasta el punto de retirarle a ella en junio pasado el título de duquesa de Palma, y por extensión el de duque de Palma a su marido. Desde esa fecha, tanto la Infanta como Urdangarin tienen expresamente prohibido hacer uso de ese título nobiliario.
Con esa decisión -le compete en exclusiva al Rey la concesión o revocación de títulos nobiliarios- Felipe VI quiso demostrar que está cumpliendo con la hoja de ruta que se marcó en su discurso de proclamación aquella mañana del 19 de junio de 2014, cuando se comprometió a hacer más ejemplar la Monarquía, como demandan "con razón" los ciudadanos.
Pero también sirvió para dejar en evidencia el deterioro de la relación personal entre los dos hermanos como consecuencia de los negocios que montó Urdangarin para aprovechar su condición de miembro de la Familia Real.
Un día después de que Zarzuela anunciara la decisión del Rey de revocar el título nobiliario a su hermana, ésta contradijo la versión de su hermano sosteniendo que fue ella la que renunció voluntariamente a seguir haciendo uso del ducado de Palma. Y para probarlo, difundió una carta manuscrita fechada días antes del anuncio de Zarzuela, pero que no iba acompañada de ningún matasellos ni otra prueba que confirmase su envío en esa fecha.
Si (
No(
