Usar las herramientas del Estado como son Fiscalía y Abogacía para defender los intereses de la hermana del Rey ha provocado un nuevo e irreparable daño entre los españoles, ya poco esperanzados en encontrar un sistema de Justicia que les satisfaga. Un sistema, por cierto, que costean con sus contribuciones. Y es que escuchar a la abogada del Estado Dolores Ripoll diciendo que la frase "Hacienda somos todos" es sólo un cuento publicitario ha indignado a la opinión pública.
Lo dicho: indignante para muchos fue ver a la maquinaria del Estado luchando en favor de la infanta Cristina por el mero hecho de ser parte de la Familia Real. La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron la exoneración por considerar que la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, carece de legitimidad para mantenerla en solitario. En el primer día de la vista oral, el fiscal Pedro Horrach presentó un informe de Hacienda que concluye que no se puede trasladar al ámbito penal lo que supone una infracción administrativa de la Infanta en su papel en la empresa Aizoon. El documento sostiene que doña Cristina era socia y no administradora de la firma de la que era titular su marido, lo que la exoneraría de ser cooperadora necesaria.
Además, el fiscal insistió en que en su caso es de aplicación la denominada doctrina Botín. Este precepto, que establece que una acusación popular no puede sentar por sí sola en el banquillo a una persona por delitos en los que quepa la personación de una acusación particular, fue invocado también por la defensa de la Infanta y por la Abogacía del Estado. El fiscal entiende que dejar a Manos Limpias acusar a la Infanta supondría "quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada" contra ella.
La abogada del Estado Dolores Ripoll rechazó que se pueda ejercer la acusación popular sobre la base de la frase "Hacienda somos todos", puesto que, señaló, se trata de un eslogan publicitario sin valor jurídico. Por su parte, el abogado de la Infanta, Jesús María Silva, aportó diez sentencias -tres del Supremo y siete de Audiencias provinciales- que desarrollan la doctrina Botín, que impide juzgar a una persona por delito fiscal si la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan.
Desde otra perspectiva, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, sostuvo que "el retorcimiento de la defensa de la Infanta perjudicaría a la Justicia española, dejaría perjudicada a la Corona y la propia Infanta quedaría estigmatizada socialmente si no sigue el juicio".
Esta polémica está en las primeras de todos los diarios, que destacan la intervención de la Fiscalía para exculpar a la Infanta. "Hacienda y la fiscalía presionan por la exoneración de la Infanta", titula EL PAÍS. En similares términos, LA VANGUARDIA dice que "el fiscal y Hacienda cierran filas en defensa de la infanta", y EL PERIÓDICO señala que "Fiscalía y Hacienda piden la exculpación de la infanta". Según EL MUNDO, "el Estado se moviliza para salvar a la Infanta del juicio". Desde otra perspectiva, LA RAZÓN resalta que "Horrach aporta un nuevo informe de Hacienda que exculpa a la Infanta". Por su parte, ABC destaca que "el fiscal invoca a Hacienda para exculpar a la Infanta".
- La infanta no se sentará en el banquillo hasta junio y en febrero podría ser 'desimputada'
- Fiscal y defensa de la infanta piden archivar la causa
- Los técnicos de Hacienda sí aprecian dos delitos fiscales cometidos por la infanta Cristina
Si (
No(
A favor (
En contra (
