Guerra entre Carmena y Cifuentes por el derribo de monumentos franquistas en Madrid

Una vez que el Consistorio ha comenzado con la retirada de elementos franquistas, la Dirección General de Patrimonio ha decidido abrir diligencias previas para evaluar la actuación que se ha hecho, lo que "podría dar lugar a un expediente sancionador". Además, si se considera que hay delito contra el Patrimonio, daría parte a la Fiscalía.

Y es que, según señala, "la Ley de Patrimonio Histórico recoge que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en materia de patrimonio histórico".

Por ello, cualquier actuación que afecte al patrimonio histórico "debe consultarse con la Dirección General de Patrimonio, que podrá someter el asunto a la consulta de la Comisión Local de Patrimonio Histórico".

Además, "siempre que se van a llevar a cabo este tipo de actuaciones hay que valorar de qué se trata (símbolos, edificios, monolitos) y analizar el entorno en el que se encuentra". En el caso de que el elemento a retirar se encuentre en el entorno de un edificio catalogado, aunque no se vaya a intervenir en el edificio, "sí es preceptiva la consulta a la Dirección General de Patrimonio de cualquier intervención en el propio entorno".

"Tratar de cerrar heridas"

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntada por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar una placa dedicada a unas monjas fusiladas en la Guerra Civil, Cifuentes ha visto "intolerable" que se haya hecho eso. A su juicio, en este tema "no hay que buscar vencedores y vencidos", sino "tratar de cerrar heridas" y este tipo de iniciativas lo que hacen es "reabrirlas".

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, ha dicho que, según la ley, "debería haberse informado a la Dirección General de Patrimonio" de la Comunidad, por lo que ha pedido "respeto a la ley, de manera que si quiere cumplir la de Memoria Histórica, "perfecto", pero también hay otras normas en la Comunidad.

Lo que no ha valorado es si el PP debería haber derogado la Ley de la Memoria Histórica por ser algo que no compete al Ejecutivo regional, ha argumentado.

El Ayuntamiento se defiende

Por su parte, la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha justificado con "informaciones técnicas", bajo el paraguas de la Ley de Memoria Histórica, la retirada de vestigios franquistas "de titularidad municipal", además de criticar el "interés político" del PP, con "unas informaciones muy interesadas justo en el momento en el que están saliendo casos de corrupción".

Mayer ha explicado a la prensa que el área que dirige tiene la competencia para aplicar la Ley de Memoria Histórica en vestigios de titularidad municipal, ya que los retirados "no son de titularidad privada". Es por ello que "no es necesaria ninguna autorización reglamentaria para proceder a su retirada". Preguntada por la retirada de la inscripción del vestigio dedicado a José Calvo Sotelo, la edil lo ha justificado "por una serie de informaciones técnicas" que tienen desde el área y siempre de acuerdo a la legislación. "Son varias informaciones técnicas, son muchos vestigios. Hay varios monumentos retirados porque el principal articulado de la ley tiene que ver con la represión y la violencia en la dictadura", ha declarado.

Al ser preguntada de nuevo por los motivos de la retirada del vestigio a Calvo Sotelo, asesinado antes del franquismo, Mayer ha contestado que la ley "además recoge otras muchas aplicaciones que tiene que ver con el martirio para justificar la retirada de este vestigio".

"Ninguno de los vestigios retirados son Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que no tienen que pasar por la Comisión de Patrimonio, por lo tanto, entiendo que ese proceso de investigación resulta frustrado", ha declarado en referencia a la investigación que ha anunciado el Ejecutivo autonómico.