Han pasado prácticamente cuatro años de los hechos. Y lo peor, aparte de la petición de cárcel de más de 16 meses para la persona que se limitó a grabar una intervención policial contra inmigrantes en el barrio madrileño de Lavapiés, es la incertidumbre. A Javier, vinculado al Sindicato de Enseñanza de la CNT y miembro activo de varias redes sociales, le acusa el fiscal de "resistencia y atentado a la autoridad", lo que él niega rotundamente: sólo grabó el incidente.
Como informa en su último boletín la Federación de Sindicatos de Periodistas sobre la situación de este ciudadano vinculado también al Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés, que el 17 de marzo de 2012 “fue detenido en Lavapiés cuando grababa una redada racista. Ahora, el fiscal pide para él 16 meses de cárcel por supuestos delitos de resistencia y atentado a la autoridad, y la acusación particular --uno de los policías-- dos años de prisión. También se enfrenta al pago de 7.500 euros en concepto de responsabilidad civil.
También según el periodico Diagonlal, “Javier se acercó al grupo con su cámara para grabar lo que ocurría. Cuando se acercó a la policía “se me tiraron encima y me tiraron al suelo", explicó Javier a Diagonal pocos días después de su detención. “En la calle, en ningún momento se me pidió la documentación. Una vez retenido, me preguntaron varias veces si era periodista, parecían preocupados por ello", añadió. Durante la redada también fue detenido un ciudadano de origen senegalés. “La policía se le tiró encima y le detuvo”, explicaron personas presentes ese día a Diagonal.
Rectificación de El País
“Los hechos por los que se le juzga ocurrieron hace casi cuatro años, cuando una manifestación espontánea de vecinos del barrio intentaba denunciar públicamente la enésima redada racista de la Policía Nacional en las calles de Lavapiés”, explica una nota enviada por la Asamblea de Lavapiés.
La protesta de los vecinos de Lavapiés fue retratada en los medios de comunicación como una “algarada con cien radicales” (ABC) y “riña tumultuaria” (El País). El País, cuyo redactor Francisco Javier Barroso citó sólo a fuentes policiales, acusó a los vecinos del barrio de mostrarse “agresivos” y de intentar “tomar el centro policial, por lo que fue necesaria la presencia de la UIP”. Días más tarde, ante las quejas de los lectores, el defensor del lector de El País admitió la parcialidad de la información publicada.”
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