El escándalo Rato suma y sigue: recibió junto a su hermana 1,3 millones de dudoso origen

Así se señala en un informe que tiene fecha del 11 de noviembre del pasado año y que obra en el sumario del caso Rato, en el que la ONIF pide al juez Antonio Serrano-Arnal que requiera las cuentas de la Naviera, que fue descapitalizada entre los años 2010 y 2013.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 ha interrogado este miércoles a María Ángeles, conocida como Mani, en la causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos fiscales, de corrupción entre particulares y de blanqueo de capitales por parte de su hermano Rodrigo, que ha declarado también este viernes y por tercera vez en este procedimiento.

Hoy no se ha dictado ninguna nueva medida cautelar contra ninguno de ellos, si bien se mantiene la entrega de pasaporte para Rodrigo Rato que se acordó en octubre.

El juez ha practicado los interrogatorios en relación en una nueva pieza secreta que investiga irregularidades en el patrimonio del expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sociedad opaca a través de Holanda y Curaçao

El informe parte del análisis de la información sobre la naviera incautada al exmandatario del PP que según la ONIF es una sociedad "opacada" a través de dos sociedades holandesas y una sociedad domiciliada en Curaçao.

Se trata, según alerta la ONIF en su informe, de una mercantil prácticamente inactiva, que desde 2004 no declara cifra de negocios, sin personal asalariado y que pese a ello ha realizado "inversiones financieras temporales" en 2007 por valor de 1,3 millones de euros "muy probablemente financiadas en su totalidad con préstamos a corto plazo" relacionados con las tres sociedades antes mencionadas y vinculadas a los tres hermanos Rato.

Añade que las características de esta compañía y el hecho de que en los ejercicios 2010 y 2013 se haya procedido a su descapitalización a través de desinversiones realizadas por los propietarios "lleva a colegir, con una alta probabilidad," que la Naviera Del Pilar se ha utilizado como sociedad instrumental "cuya única finalidad ha consistido en recibir una aportación de los socios por importe de 1.300.000,00 euros de origen desconocido y que es necesario esclarecer".

El juez no actuó en noviembre

Pese a todas estas advertencias, el juez dicto una providencia casi un mes después, el pasado 2 de diciembre, en la que rechaza la solicitud de la ONIF respecto a la contabilidad de la naviera tras señalar que se basaba en "meras sospechas" que en todo caso serían "de índole meramente tributaria y cuya averiguación correspondería en todo caso a la propia Oficina dependiente de la Agencia Tributaria.

Cabe señalar que en dicha fecha, el juez Serrano-Arnal se encontraba esperando dictamen del Tribunal Supremo relativo a la competencia de esta causa, que él creía que debía asumir la Audiencia Nacional. Siete días más tarde, el 9 de diciembre, el alto tribunal acordó que Serrano-Arnal siguiera tramitando este asunto.

El juez actuó de este modo pese a que el informe de la ONIF advierte que este asunto abre "una nueva vía de investigación" porque no consta el origen de la cantidad recibida por la naviera ni la posible tributación de los mismos, y que además la sociedad calificó en el ejercicio de 2011 unas deudas como incobrables generando una pérdida de 712.733,71 euros.

Añade que "es una práctica habitual del entorno de Rodrigo Rato generar bases imposibles negativas mediante el deterioro de deudas con empresas o personas vinculadas" y que los citados "deterioros" podrían no tener el carácter de fiscalmente deducibles.

728 camiones de documentos en la causa

La causa contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por delitos fiscales, blanqueo, y corrupción entre particulares investigada hasta noviembre del pasado año a 48 empresas y precisaba del análisis de 40.000 folios ya numerados, sellados y firmados y del material obrante en 29 dispositivos electrónicos cuyo contenido "equivaldría a unos 728 camiones de documentos".

Así lo expresó el pasado 23 de noviembre la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Marga García-Valdecasas al juez instructor del caso, Antonio Serrano-Arnal en un informe en el que le expresaba la imposibilidad de analizar en 15 días, tal y como solicitaba el juez, la ingente documentación incautada en los registros realizados el 16 de abril de 2015 en los despachos y domicilio de Rato en Madrid y en un despacho de la urbanización gaditana de Sotogrande.