Podemos ha planteado en el Congreso de los Diputados que se establezca un mecanismo de auditoría general y permanente a la educación privada concertada, así como un sistema de penalizaciones y de revocación de los convenios en aquellos centros en los que se detecten irregularidades. Asimismo, ha reclamado la supresión de los conciertos educativos y de las subvenciones de dinero público a escuelas que diferencian por sexo.
Se trata de dos proposiciones no de ley, y que han sido promovidas por la formación que lidera Pablo Iglesias, para su debate en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.
Según defiende el partido morado, desde 2004 la red de escuelas públicas "ha perdido peso en beneficio de la escuela privada concertada". "En el Estado español, las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos son uno 30% más, mientras que la media europea es de un 10%", apostilla.
A juicio de la formación morada, esta situación ha generado que cada centro educativo privado sostenido con dinero público "pueda imponer sus propias condiciones", con la aprobación del Consejo Escolar del Centro, y "se han incrementado así los recursos que deben aportar las familias de estas escuelas disfrazados bajo el concepto de 'aportación familiar'".
Podemos recuerda en este sentido que, según la legislación vigente, en las escuelas privadas concertadas, las familias solamente deben pagar el comedor y el transporte escolar en caso de utilizarlos, aunque han ido apareciendo de forma constante nuevos conceptos como 'actividades complementarias','servicio de conciliación', o 'enfermería', por ejemplo, "que suponen un desembolso económico por parte de las familias".
"Pese a que estas aportaciones son calificadas por las direcciones de algunos centros educativos privados sostenidos con dinero público como voluntarios, lo cierto es que en muchos casos son cuotas que se entienden como obligatorias por parte de las propias familias. Está claro que un sistema óptimo de garantías laborales favorece y beneficia las condiciones educativas de los centros", sostiene.
En cuanto a su petición de suprimir los conciertos educativos a las escuelas que diferencian por sexo, el partido morado señala que, tanto la UNESCO, como "todos los expertos de pedagogía comparada", defienden que la escolarización diferenciada genera "una discriminación por motivos de sexo que debe desaparecer de un sistema educativo democrático".
Así, mencionan que en las sentencias de los años 2012, 2013 y 2014, el Tribunal Supremo legitima la legalidad de la educación diferenciada, pero alerta sobre la imposibilidad de llevar a cabo conciertos educativos sustentados con dinero público para este tipo de escuelas.
"Las segregaciones educativas son pedagógicamente negativas y socialmente generan desigualdades, ya sean por razones de lengua, de sexo, de religión o de cualquier otro motivo", indica.
Además, ven "totalmente inaceptable" que, mientras las diferentes administraciones públicas están llevando a cabo recortes presupuestarios en materias educativas, se mantengan este tipo de conciertos en escuelas que "mayoritariamente dan servicio a las élites del Estado español y están dirigidos por determinadas órdenes religiosas".
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