Estos dos ciudadanos han enviado una carta al presidente del Congreso de los Fiputados, Patxi López, en tal sentido, explicándole "el desconcierto, y consiguiente indignación, ante la incapacidad de los partidos políticos para acordar la investidura de un candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno que posibilite la formación de un gobierno de la nación que dé respuesta a los acuciantes problemas a los que se enfrenta nuestro país y que no pueden esperar más, poniendo en marcha un paquete de medidas urgentes que recuperen los derechos sociales y económicos hurtados en la última legislatura, disposiciones apremiantes contra la corrupción, por la regeneración democrática y un plan de emergencia social contra los que peor lo están pasando".
De ahí que añadan que ante una eventual repetición de las elecciones, quieren trasladar a los partidos políticos el desacuerdo y les exien que asuman su responsabilidad ante lo que consideran "un gravísimo incumplimiento del mandato electoral de los ciudadanos y ciudadanas en las urnas y por los nuevos gastos en los que incurriría el erario público en un momento en el que aún estamos inmersos en una larga y complicada crisis económica".
Como consecuencia de lo anterior, le anuncian la voluntad de presentar: Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la Ley Electoral, en tiempo y forma de acuerdo con la legalidad vigente, que haga recaer sobre los partidos y diputados y senadores elegidos en las urnas el 20-D de los distintos grupos parlamentarios, la responsabilidad política, fruto de su incapacidad o seguidismo, para acordar la gobernabilidad del país a partir de lo decidido por el voto popular, de manera que si en el caso de que cumplido el plazo fijado en la Constitución Española se debieran convocar nuevos comicios, se considerarían inhabilitados cada uno de dichos parlamentarios para volver a formar parte de las candidaturas de cualquier lista electoral en las dos próximas legislaturas.
Igualmente, en línea con el no acuerdo, los Grupos Parlamentarios asumirían la responsabilidad económica derivada de su incapacidad política manifiesta e instarían a las tesorerías de sus respectivos partidos políticos a: Ingresar en las arcas públicas, en función del porcentaje de votos obtenidos el 20-D, los gastos generados por el Estado para la puesta en marcha y realización de la campaña electoral que huboo y el reintegro de lo percibido por cada partido por los votos y escaños de diputados y senadores alcanzados.
También el montante íntegro de los emolumentos cobrados por sus señorías y grupos parlamentarios desde la toma de posesión hasta el cese. De modo que finalmente el total ingresado "tendría carácter finalista y sería destinado a la financiación por el Gobierno en funciones de la nueva convocatoria electoral anticipada y de los gastos iníciales de la nueva legislatura".
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