El PSOE ha anunciado un ultimátum a Mariano Rajoy: o el Gobierno en funciones acepta someterse al control parlamentario, o acudirán al Tribunal Constitucional para denunciar lo que consideran una "rebeldía". El presidente del Congreso, Patxi López, ha mandado una carta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para pedir que reconsideren su negativa, pero el Gobierno sigue argumentando que la Cámara Baja no puede controlar al Ejecutivo sin haberle dado antes la confianza.
La Mesa del Congreso ha decidido este martes continuar aceptando las peticiones de control y las preguntas al Gobierno en funciones, a pesar de la negativa del Ejecutivo de Mariano Rajoy a acudir al Parlamento. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Patxi López, ha anunciado que le ha enviado una carta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pidiendo que reconsideren su posición. Si el Gobierno de Rajoy sigue negándose, los socialistas contemplan acudir a la justicia.
"Es la primera vez que un Gobierno se va a negar a comparecer a pesar de estar citado", ha explicado Antonio Hernando, que ha dicho que, sin embargo, ellos esperan que el Gobierno del PP recapacite su postura de "rebeldía" porque la vía judicial sería un proceso largo.
Sin embargo, tanto López como Hernando han señalado que el grupo socialista está decidido a declarar un "conflicto de atribuciones", para que fuera el Tribunal Constitucional quien lo tramitara. Antes de que el pleno pudiera plantear este conflicto, el Gobierno de Rajoy tendría un mes para dar respuesta a las peticiones de comparecencia, lo que supondría un conflicto con los plazos para formar un nuevo Gobierno o para ir a nuevas elecciones.
Tanto PSOE, como Podemos y Ciudadanos han manifestado su apoyo a que el Gobierno se someta al control parlamentario. A la petición se han sumado otros partidos como Unidad Popular-IU, ERC, PNV o DiL.
No obstante, el Secretario de Estado de Relaciones con las Corte, José Luis Ayllón, ha vuelto a reiterar que el Gobierno en funciones "no puede ni debe" aceptar las iniciativas de control del Congreso de los Diputados.
El argumento del PP es que como el actual Congreso no ha otorgado su confianza al Ejecutivo de Rajoy, tampoco puede pedirle cuentas. Ayllón ha recordado que ni en el caso de Andalucía ni en el de Cataluña -donde también hubo largos periodos en los que el Gobierno autonómico estuvo en funciones- se llevaron a cabo funciones de control.
Las limitaciones del Gobierno en funciones están desarrolladas en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, que establece que la gestión del Ejecutivo en funciones se limitará "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
Sin embargo, no está claro que tenga que dar cuenta de las acciones que realice mientras no se constituya un nuevo Gobierno. "Es una interpretación", ha argumentado López este martes, que también ha citado esta norma para decir que toda la acción de un Gobierno debe estar controlada por el Parlamento.
Por su parte, Podemos ha anunciado que apoyarán la inicativa del PSOE pero que, en el fondo, les parece que la "judicialización" de este conflicto no es la mejor respuesta.
El portavoz de la formación morada, Íñigo Errejón, ha defendido que aunque el Gobierno esté en funciones, no es "irresponsable" y que hay decisiones importantes de las que debe de dar cuenta. Así, por ejemplo, ha mencionado la postura del Gobierno español en las cumbres europeas en las que se tratará la devolución de refugiados sirios a Turquía.
"Existe el riesgo de que el Gobierno esté en funciones para aquello que quiera", ha alertado Errejón.
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