Hasta 10 partidos con representación en el Congreso de los Diutados han presentado un escrito para votar en el pleno la presentación de un recurso constitucional contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Formciones como PSOE, Podemos o Ciudadanos denuncian que el Ejecutivo en funciones se haya negado a someterse al control parlamentario y esperan que sea el Tribunal Constitucional quien decida si el Parlamento español puede ejercer su función de control. Los socialistas ya habían reconocido que la vía constitucional podía llevar un tiempo, pero que servía como medida de presión.
Los partidos políticos no han querido esperar hasta después de Semana Santa y han iniciado ya los trámites para que el próximo pleno del Congreso de los Diputados ponga en marcha la denuncia al Tribunal Constitucional contra el Gobierno en funciones.
Para ello, este miercoles representantes de 10 fuerzas políticas han registrado una petición para debatir y votar si presentan un recurso constitucional por el conflicto de atribuciones entre Legislativo y Ejecutivo, es decir, por la negativa del Gobierno a someterse al control parlamentario.
En concreto, los firmantes de la petición son PSOE, Podemos, Ciudadanos, PNV, Compromís, Unidad Popular-Izquierda Unida, Coalición Canaria, Esquerra Republicana de Catalunya, Democràcia i Llibertat y Nueva Canarias. Fuera de la iniciativa quedarían el PP, pero también Bildu, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias.
Casi todos los partidos, por tanto, se han sumado a la amenaza de los socialistas, que fueron los primeros en plantear la vía judicial para resolver el conflicto abierto por la negativa del Gobierno a comparecer en el Congreso.
Como se recuerda en el escrito, el Ejecutivo argumentó que "la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativa de control, en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados". Además, argumentaban que el Gobierno tenía limitadas sus funciones al "despacho ordinario de asuntos", lo que no necesitaría de "directriz u orientación politica".
El presidente de la Cámara, Patxi López, mandó la semana pasada una carta a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para pedir que reconsideraran su posición. En la misiva se mencionaba en concreto una petición de comparecencia del ministro de Defensa, Pedro Morenés, que no había sido respondida. El minsitro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, sí llegó a comparecer en comisión, pero por voluntad propia.
El documento registrado expone que el control político del Parlamento debe ser "aún mayor cuando se trata de un Gobierno en funciones, ya que el mismo no cuanta con la confianza originaria del Parlamento en su composición política actual".
Los firmantes recuerdan que sí hay funciones excepcionales o de emergencia que puede tomar el Gobierno en funciones que impliquen una orientación política -y que, según la ley, deben estar debidamente justificadas-. Citan como ejemplo la postura de España en las cumbres europeas de las que ha salido el acuerdo de devolver refugiados a Turquía.
Las fuerzas políticas reconocen que no existen precedentes para aceptar el control parlamentario en un caso semejante pero señalan que Adolfo Suárez sí respondió a preguntas de control en 1981, después de dimitir como presidente del Gobierno.
Aunque se haya iniciado el trámite ahora, los partidos deberán esperar al próximo pleno que, después de acordar retrasar el calendario, no será hasta el 5 de abril. Una vez sea aprobado la presentación del recurso y se plantee al Constitucional, este tribunal fijará un plazo de un mes para las alegaciones.
El calendario de la tramitación de este recurso excedería el plazo que tienen los partidos para ponerse de acuerdo antes de elecciones. Es decir, que para cuando se pudiera resolver el recurso ya habría un nuevo Gobierno o se habría decidido ya ir a nuevas elecciones.
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