El Gobierno rebaja a "escenario de la defensa" la confesión de un empresario sobre la financiación ilegal del PP

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta no ha querido hacer más comentarios sobre lo declarado por Enrique Ortiz, implicado en el 'caso Gürtel', quien en su escrito de defensa admite haber financiado ilegalmente la organización de las campañas 'populares' para las elecciones generales de 2008 y ha solicitado que la Audiencia Nacional le rebaje la pena al haber reconocido los hechos.

"No vamos a comentar los escenarios de defensa de los implicados en un procedimiento", ha sido la respuesta de Santamaría. Preguntada si cree que estas noticias dificultan que Mariano Rajoy encabece un futuro gobierno, ha dicho que la corrupción es un "problema general" que puede afectar por tanto a las posibilidades de cualquiera, "en cualquier combinación".

Y ha defendido el trabajo esta legislatura del Gobierno y en concreto de su departamento al plantear medidas legales contra la corrupción, aunque también ha apostado por aprobar más. En concreto, cómo reforzar el sistema de contratación de las administraciones públicas, asunto sobre el que el Ejecutivo deja una propuesta "muy avanzada".

El empresario Enrique Ortiz ha confesado haber financiado ilegalmente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) para la organización de las campañas de las elecciones generales de 2008 y ha solicitado que la Audiencia Nacional le rebaje la pena al haber reconocido los hechos.

En su escrito de defensa, Ortiz muestra su conformidad con los hechos descritos por la acusación y reconoce haber abonado 348.115 euros al PPCV con ocasión de la campaña de las generales.

El dueño de Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, integrado en el Grupo Cívica, admite que una de las firmas de la trama Gürtel, Orange Market, elaboró distintas facturas que suponían la prestación de servicios por parte de su compañía para dar cobertura "formal" a esas entregas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario una pena de cuatro años de prisión por delitos en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil. En su escrito de defensa, Ortiz reclama que se le condene a 15 meses de cárcel y una multa.