Carlos Macías (PAH): "El PP está al servicio de la banca y de las suministradoras y no de la ciudadanía"

La semana pasada cientos de personas se manifestaron frente a las sedes del Partido Popular en contra de la decisión del Gobierno en funciones de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para suspender la Ley 24/2015. ¿Qué garantías ofrece para las familias vulnerables de desahucios?

Esta ley es fruto de un Iniciativa Legislativa Popular. Es, hoy en día, la ley más garantista a nivel europeo en materia de vivienda y los derechos que otorga se centran en mecanismos de segunda oportunidad para liquidar la deuda y de realojo adecuado de las personas desahuciadas. Cuando hablamos de un pequeño tenedor, la Administración debe proporcionarle una ayuda de alquiler y en el caso en el que no sea posible, es la propia Administración la que debiera estar obligada a realojar a las familias. El parque público de viviendas es ahora mismo inexistente a pesar de que España es uno de los países de Europa con más viviendas vacías. Esta herramienta haría obligatorio el cese de todas las viviendas que llevaran dos años vacías para dar respuesta a todas las familias demandantes de realojo.

El Tribunal Constitucional ya anuló el decreto catalán de 2013 que prohibía los cortes de luz por impago. En el caso de que este órgano admita el recurso del PP, ¿que podría suponer la suspensión de esta ley para las personas en riesgo de desahucio?

La ley 24/2015 se planteó bajo el paraguas del derecho a la vivienda digna, incluidos los suministros básicos de habitabilidad. También incorpora el principio de precaución, a través del cual la empresa no puede cortar los suministros sin un informe previo de exclusión residencial para comprobar los parámetros económicos de los habitantes de la viviendo y demostrar la imposibilidad de hacer frente al pago. Según la Generalitat, las familias beneficiadas por esta ley son de 32.000 en los últimos 9 meses, por lo que la importancia de esta medida es indiscutible para la situación de muchas personas.

¿Piensan que es lógica y congruente la iniciativa del Gobierno de llevar al TC el recurso en contra de la Ley de emergencia habitacional y costes de suministro? Ya que esta ley fue aprobada por el Parlament de Cataluña con los apoyos del PP a raíz de una ILP.

El recurso responde a una cuestión ideológica del PP, que está al servicio de la banca y de las suministradoras y no de parte de la ciudadanía. Esta ley fue planteada en otros 13 parlamentos autonómicos y ha sido tumbada en Navarra, Canarias o Andalucía a través del Tribunal Constitucional, por lo tanto, está avalado por la lógica del Partido Popular que va en contra de la propia de los ciudadanos.

Este martes los promotores de la ley viajaban a Madrid para reunirse con los grupos del Congreso. ¿Qué puede destacar de esta reunión?

Fuimos a plantear a todos los grupos parlamentarios, en concreto a trece con los que tenemos la oportunidad de reunimos, un escrito a firmar para la defensa de la Ley 24/2015 y su constitucionalidad, considerada como el único marco para proteger el derecho a la vivienda. Menos el PP, todos los grupos lo firmaron con el compromiso de retirar el recurso de inconstitucionalidad al TC si forman parte del nuevo Ejecutivo y también ampliar los derechos que otorga esta ley. Es decir, se conseguiría aisla al PP y poner en el epicentro del Congreso la necesidad de proteger la Ley 24/2015 y ampliar su alcance y garantías.

A día de hoy, ¿cuántos desahucios se han producido a nivel estatal en el último año? ¿Y en el caso particular de Cataluña?

En España, alrededor de medio millón en los últimos siete años. En 2015, se produjeron 67.359 desahucios, el 23% en Cataluña, es decir, 15.557. De éstos, 10.394 se produjeron en la provincia de Barcelona.

¿La PAH tiene conocimiento de datos sobre denuncias dirigidas a Consumo por cortes de luz y agua a familias vulnerables?

Sí. Tenemos datos de que en Cataluña se han producido 118 denuncias recibidas por cortes de consumo en el último año. El problema radica en que la gente no sabe que puede interponer una denuncia a Consumo por incumplimiento y vulneración de la Ley 24/2015.